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Global. De Hábitat II a Hábitat III:
¿qué lugar tiene el derecho a la ciudad?



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Introducción

En este documento, se parte de considerar que, en la etapa comprendida entre Hábitat II (Estambul, 1996) y Hábitat III, el proceso de urbanización en los países de América Latina ha estado dominado por una transición que ha permitido la consolidación del modo de desarrollo capitalista en escala global, subsumiendo y afectando al conjunto de las economías nacionales.

Procesos asociados a la hipermovilidad del capital, transnacionalización de los medios de producción, así como el creciente poder de las empresas transnacionales y del sistema de comunicación global, afectaron progresivamente la transformación de las economías nacionales. En este marco, en el caso de América Latina, las sociedades y sus economías locales sufrieron transformaciones en la medida que fueron quedando alineadas bajo el Consenso de Washington, que desde 1989 propició reformas de política económica basadas en la preponderancia de una lógica de mercado caracterizada por la apertura y la disciplina macroeconómica, siguiendo la teoría neoclásica y el modelo ideológico y político del neoliberalismo.

Se constata entonces que tuvo lugar en estos años un segundo período de modernización el cual, a diferencia de la delos años 40s y 50s, que tuvo su eje en el desarrollo del capital industrial local y en la sustitución de importaciones, comprende una etapa que ha estado liderada, entre otros aspectos, por la apertura de las economías nacionales a las presiones e intereses del capital financiero y las grandes inversiones inmobiliarias.

Este cambio, caracterizado por la influencia del capitalismo financiero global y las formas productivas de especialización flexible que reemplazaron el fordismo[1], se compone de procesos que tienen fuertes contrastes socio-espaciales, en el que conviven sectores sociales total o parcialmente integrados a la economía global con otros sectores -que son la mayoría- que viven de actividades informales, de subsistencia y/o que se encuentran directamente excluidos. Este cuadro se complementa con procesos migratorios (entre países o entre ciudades o del interior hacia las ciudades grandes y medias) que aportan mano de obra barata, por lo general sin resguardos en materia de derechos laborales.

En tales condiciones es posible afirmar que esta nueva fase de “modernización” no ha contribuido a resolver o a disminuir el problema de la segregación socio-espacial en nuestras ciudades, sino que la ha profundizado y complejizado.

Autores como Castells, Sassen, Borja, Rolnik, o Harvey aportan una mirada crítica donde coinciden en sostener que la sociedad urbana actual confronta una fragmentación espacial que segrega distintas homogeneidades de cada colectivo social. Segregación que se expresa no sólo en los indicadores de ingresos, ocupación y distancias salariales, sino en el acceso real a las ofertas urbanas entre la población. Uno de los resultados es un modelo de espacialidad nuevo, con periferias en las cuales conviven desarrollos comerciales y de esparcimiento para sectores de altos ingresos con barrios que son expresión de la mayor pobreza. Por ello, se constata que, en América Latina, las ciudades viven la tensión que se da entre formas extremas de discriminación y exclusión y los símbolos y objetos de la modernidad que la sociedad global impone mediante la revolución de las comunicaciones y las nuevas tecnologías.

Las ciudades Latinoamericanas se vuelven progresivamente mucho más complejas, en la medida que se acrecientan los procesos de segregación socio-espacial y de fragmentación del espacio urbano. Esto ocurre no sólo al interior de las áreas tradicionales, sino particularmente con el desarrollo de las nuevas áreas que siguen patrones de urbanización que abandonan la primacía de la calle pública para avanzar con la configuración de otras espacialidades “securitizadas”, privatizadas y privatistas. Sin duda de esta forma la ciudad segregada alimenta tensiones respecto a los derechos humanos, que se vuelven más débiles o parciales, ya sea por la propia fragilidad de las instituciones o por las dificultades políticas para gestionar y logar consensos. Erosión institucional que se acrecienta además por la voracidad de los mercados.

Estas combinaciones de factores, que minan la democracia y los derechos, aparecen también reflejadas en la micro escala social donde la violencia se convierte en un problema urbano muy significativo para amplios colectivos, especialmente las mujeres, los jóvenes y los sectores más empobrecidos. Esta cuestión se ha instalado en todas las agendas de gobierno urbano, generando tensiones sociales, dado que la tendencia es que en nombre de la seguridad de los territorios se  limiten  derechos humanos.

[1] Cuando hablamos de fordismo nos referimos a un sistema de producción que caracterizó la segunda revolución industrial a los inicios del siglo XX, donde la “cadena de montaje”, posibilitó la producción en serie en gran escala. Ésta, tuvo una enorme capacidad de revolucionar el mercado de productos semi-durables, así como de generar una configuración diferente del mercado de trabajo y las pautas de vida. Ello duró hasta el reemplazo por el modo de producción denominado “especialización flexible” desarrollado entre las décadas de los 70s y 80s, que encarna la tercera revolución industrial caracterizada por el predominio de las tecnologías de información y comunicación, la flexibilización laboral y el liderazgo económico de los mercados financieros mundiales. Lo que genéricamente se define como “globalización”.





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