Enrique Ortiz Flores
Por una opción transformadora y participativa
El vasto y profundo impacto de los sismos de septiembre sobre la vida de las comunidades y personas afectadas, abre retos muy relevantes a la orientación que se dé al proceso de reconstrucción.
Como toda crisis, surge el riesgo de perpetuar las condiciones y de repetir los mismos errores que colocaron en situación de vulnerabilidad, principalmente a quienes menos tienen, situación que quedó de manifiesto en las zonas rurales y en los barrios más pobres de nuestras ciudades.
También surgen oportunidades que pueden generar y fortalecer procesos transformadores, ya que la profundidad de los impactos en lo social, familiar y personal, lo ambiental y lo económico, abren un terreno propicio a la toma de conciencia. Esta puede abrir cauce a la voluntad y el compromiso de los afectados para actuar solidaria y organizadamente, no solo en la restitución o rehabilitación inmediata de sus viviendas sino en procesos capaces de incidir en el mediano plazo en el mejoramiento de sus oportunidades y condiciones de vida y, dentro de una visión de largo plazo, en los procesos y transformaciones que conduzcan a construir un mundo inclusivo y solidario para todos.
Más vale paso que dure, y no trote que arrase
La urgencia de los damnificados por ser atendidos para acceder a una vivienda segura y la prisa gubernamental originada en la necesidad de dar respuesta pronta a sus demandas legítimas y de considerar los tiempos políticos preelectorales, se han conjuntado por quienes toman decisiones para optar por una política de reconstrucción que está propiciando graves contradicciones que operan en favor de intereses económicos, políticos y de la corrupción.
La evaluación de construcciones afectadas, muchas veces por estudiantes e incluso por profesionales no capacitados en cuestiones estructurales y constructivas; el declarar a algunos materiales (i.e. el adobe) como la causa de la caída de viviendas y otras construcciones, y el interés de hacer negocios, llevó a la destrucción de viviendas y de construcciones vernáculas y patrimoniales que podrían y deberían ser preservadas.
A esto se suma la remoción apresurada de los escombros, otro buen negocio, que impide analizar las causas que originaron los agrietamientos, la caída de muros o el colapso de las construcciones.
Los escombros removidos por maquinaria pesada son considerados como basura y arrojados en lugares inadecuados, como fue el caso de Ixtepec en Oaxaca, donde fueron lanzados a un río.
La política de otorgar un financiamiento mínimo y sin pago de asesoría técnica a viviendas rehabilitables llevó, en muchos casos registrados en Morelos, a destruirlas por los propietarios mismos ante el ofrecimiento de recibir mayores recursos para edificar una vivienda nueva “de material” 1 Esto sin ser informados de que destruirían viviendas rehabilitables, de superficie varias veces mayor a las que, los interesados en demolerlas, podrían ofrecerles con el limitado financiamiento disponible.
En la zona del Istmo de Tehuantepec, se reportan problemas derivados de la gestión de esta política: maniobras que favorecen a las empresas en detrimento de las iniciativas sociales, y soluciones que no toman en cuenta ni la cultura, ni el clima, ni las características del suelo, mucho menos a los habitantes, quienes permanecen mayoritariamente desinformados.
Se entregan tarjetas para la compra de materiales que tienen vigencia de tres años, pero en comunidades del Istmo, se les dice a los damnificados que tienen cuatro meses para construir. En una comunidad de la zona Mixe, donde están interesados en preservar su forma de vida y de construcción con adobe, se les ha dicho que las tarjetas para compra de materiales terminan su vigencia en diciembre, lo que está ocasionando compras de pánico de materiales industriales que contradicen su voluntad original ya que son inadecuados para satisfacerla. Se les da una lista de proveedores, mismos que especulan y aumentan precios por el incremento de la demanda.
Se asignan grupos de vivienda a constructores que ofrecen soluciones “llave en mano”, esto es, prototipos ajenos a la forma de vida, las condiciones ambientales, el paisaje urbano y las tradiciones constructivas locales. Se trae personal especializado externo para construirlas. Todo en favor de una mayor ganancia y de amoldarse a los tiempos políticos.
Algunos constructores piden a las familias que les entreguen las tarjetas aprovechando que Bansefi los autoriza a establecer convenios con las familias, mismas que pueden solicitar a este organismo que domicilie el dinero en la empresa que vaya a desarrollar la obra. Hay “asesores” que se limitan a entregar a las familias planos de algún prototipo de vivienda, cobrando los 8,000 pesos destinados a la asistencia técnica.
Por otro lado, la Secretaría de Economía, con objeto de controlar precios y gastos en materiales de construcción, obliga a la facturación de las compras, lo que impide la adquisición de materiales producidos localmente por artesanos “informales”. Con ello se impide que los recursos destinados a la reconstrucción contribuyan a fortalecer la economía de comunidades profundamente impactadas en sus fuentes de ingresos como consecuencia de los sismos.
Como no se entrega el presupuesto destinado a la asistencia técnica al mismo tiempo de las tarjetas, muchas de la familias asignadas a organizaciones solidarias y a constructoras, rechazan la asesoría, delegándose esta tarea en albañiles y contratistas locales, lo que, aunque derrama recursos en la zona, conlleva el riesgo de repetir los mismos errores que condujeron al colapso de las viviendas.
Este largo recuento de las consecuencias de la prisa y de la ambición de lucrar con la desgracia, exigen repensar la forma de enfrentar un problema que afecta profundamente la vida de las familias y de sus comunidades.
En la gráfica 1 se esquematizan las características y efectos de una política que ve a los damnificados, como meros objetos de la intervención de agentes externos gubernamentales y privados.
Se retroalimentan en ella causas y efectos para dar un resultado que, si bien resuelve una necesidad urgente, deja atrás la oportunidad de impulsar a las personas y comunidades afectadas como sujetos activos y corresponsables en la reconstrucción. Logarlo puede contribuir a fortalecer su autonomía, su autoestima y sus capacidades socio-organizativas, necesarias para dar nuevo impulso a la transformación de sus condiciones de vida.
Al centrarse en la sola vivienda las acciones de restitución o rehabilitación, se cancela la posibilidad de aportar a una reconstrucción integral que contemple el fortalecimiento económico y socio-organizativo de la comunidad y su contribución a la preservación de su patrimonio ambiental y construido.
La experiencia es la madre de la ciencia
La “Casa de la Ciudad” en Oaxaca invitó a Patricio Mora, de la Fundación Proyecto Memoria, de Chile, a dar una conferencia a principios de octubre. Chile junto con Japón, es uno de los países más sísmicos del mundo y acumulan experiencias muy relevantes e inspiradoras de un actuar diferente.
El 70% del patrimonio chileno es de adobe, pero persiste un tema clasista, al igual que en México, respecto a este material. De ahí surge el grito “basta de demoler nuestros barrios”, que llevó al Barrio Yungay de Santiago, ejemplo de lucha social por preservarlo, a crear una escuela-taller para enseñar a producirlo y utilizarlo adecuadamente. Amanda Rivera, vinculada a estos procesos, realizó un interesante video para la restauración de construcciones de adobe afectadas por los sismos.2
En Vichuquén existen polígonos protegidos por ley en los que nadie puede sacar los escombros en caso de haber derrumbes. En Canela, rescataron a los adoberos y enfrentaron los impactos psicológicos de un sismo sobre los niños, invitándolos a una fiesta del adobe en la que, jugando con lodo, colaboraron a producir paneles de bajareque utilizados en la reconstrucción.
El cascajo, en lugar de verlo como basura lo rescatan como recurso y han destinado espacios a los que llaman “hospitales de escombros”, en los que lo depositan con objeto de reutilizarlo en la reconstrucción. Son espacios que permanecen controlados entre uno y tres años para garantizar su mejor aprovechamiento. El adobe destruido es molido y reutilizado como el material más adecuado para resanar grietas y fracturas en las viviendas de este material o para reutilizarlo en la producción de paneles de bajareque o en la construcción de muros tipo quincha.
Rescatan también en ellos lo simbólico, como puede ser una pieza caída que colocada en un espacio público da cuenta de la fecha y magnitud de lo sucedido. Realizan acciones de memoria post desastre que contribuyen a una planeación estratégica de largo plazo con objeto de fortalecer la prevención y de avanzar en la construcción de poblados y ciudades resilientes. En asociación con un grupo de japoneses trabajan la instalación de un museo que preserve la memoria de lo acontecido y del proceso llevado a cabo por la comunidad en la reconstrucción de su hábitat.
Estas y otras actividades que realizan muestran que, dándonos espacio para reflexionar e imaginar creativamente alternativas a las rutinas tecno-burocráticas impuestas, es posible reconstruir múltiples aspectos de la tradición cultural y construida de un pueblo. Esto en diálogo entre las organizaciones comunitarias y quienes pueden aportar nuevos conocimientos para mejorar la resistencia, la protección, el mantenimiento y la belleza de las edificaciones y de los lugares impactados por los sismos.
Todo ello contribuye no solo a preservar la memoria sino a crear condiciones, con visión de largo plazo, que contribuyan a aminorar los riesgos y a dar mayor seguridad, identidad y autonomía a las comunidades afectadas.
El que mucho aprieta poco abarca
Los momentos críticos como los sismos de septiembre, cimbran e impactan profundamente nuestras vidas y pueden conducir al anonadamiento que paraliza, como se nos reporta que está pasando en varias comunidades del Istmo.
También pueden abrir conciencias y ser impulsores de voluntades para transformar las condiciones que coadyuvaron a ese impacto y construir alternativas capaces de enfrentar las causas enraizadas en el hacer o el no hacer humano.
La ya larga experiencia acumulada en los procesos de Producción y Gestión Social del Hábitat y la Vivienda, que coloca al poblador como sujeto consciente y activo en la solución de sus condiciones habitacionales, constituye una opción diferente y de alto potencial transformador que bien vale la pena ensayar y documentar para su incorporación futura en las políticas y prácticas de la reconstrucción en casos de desastre.
Con el fin de compartir información y de avanzar en la formulación de una estrategia común y solidaria, capaz de fortalecer y ampliar los alcances e impactos de nuestra participación en apoyo de la reconstrucción, varias organizaciones civiles sugirieron llamar a este esfuerzo Reconstrucción Social del Hábitat y explorar los aspectos que permitieran vincularla al esquema de Autoproducción Asistida, que es parte del programa de reconstrucción coordinado por SEDATU- CONAVI.
Aunque este programa se orienta principalmente a la recuperación de la vivienda, fue diseñado en conjunto con organizaciones experimentadas en procesos de producción social del hábitat y tiene un enfoque socialmente orientado, compatible con las propuestas de Reconstrucción Social.
Sin embargo, se han generado contradicciones institucionales en su aplicación, ya que algunos actores públicos prefieren apoyar la reconstrucción como negocio de particulares e incluso de importantes intereses económicos que se contraponen y desplazan, con ofertas de mercadotecnia, las iniciativas de quienes buscan una reconstrucción basada en las características culturales, aspiraciones y capacidades productivas y organizativas de la gente.
El negocio de la reconstrucción se enfoca principalmente en la construcción e incluso prefabricación de viviendas prototipo lo que exige a su vez un esquema de reglas cerrado que facilite una rápida intervención y que responda a la urgencia tanto de los afectados y la de los constructores, como la de los actores políticos en la actual coyuntura electoral.
La “Reconstrucción Social del Hábitat” exige, en cambio, superar restricciones y la normatividad excesiva para desarrollar un sistema flexible y abierto capaz de enfrentar con eficacia la diversidad de condicionantes ambientales, económicas y culturales que determinan las formas y procesos del habitar en un contexto determinado.
Esto implica concebir la vivienda como proceso, más que cómo producto; como acto de habitar en toda su complejidad, más que como objeto limitado por pisos, paredes y techos; como derecho humano determinado por las necesidades, sueños y capacidades del habitante, más que como mercancía determinada y limitada por las capacidades económicas de este.
Desde la perspectiva de los derechos humanos la vivienda a reconstruir debe garantizar al damnificado seguridad de tenencia3, acceso a servicios y equipamientos, ser asequible y accesible aún para los que menos tienen, estar ubicada en un lugar seguro, ser habitable y adecuada a sus rasgos y expresiones culturales.
No sólo eso, por su característica interdependiente qué correlaciona entre sí a todos los derechos humanos, la reconstrucción debiera concebirse en su relación con los factores físico-ambientales de los lugares, los económicos en los que se sustenta la vida de sus habitantes y, centralmente en los culturales que los articulan y traducen en prácticas cotidianas que tienen su manifestación física más patente en la disposición de su hábitat y su vivienda.
Se trata de un abordaje integral, que rebasa los alcances de la reconstrucción mercantil de vivienda e incluso la limitada a la autoproducción asistida de viviendas en sustitución de las que colapsaron y las consideradas no recuperables.
Dadas las limitaciones de acceso al financiamiento público y otros recursos solidarios, varios de los organismos interesados en la Reconstrucción Social se limitarán a dar asistencia técnica y social a los autoproductores que les fueron asignados. Sin embargo hay otros que han logrado conjuntar diversos apoyos y el consenso comunitario en favor de un abordaje más complejo que debe ser reconocido y apoyado.
3 Se han detectado múltiples hechos de despojo de propiedades de adultos mayores y mujeres viudas o abandonadas, realizadas incluso por familiares cercanos, aprovechándose del caos generado por la magnitud de las afectaciones. Se trata de violaciones graves a los derechos humanos que no son enfrentadas por la premura impuesta al proceso de reconstrucción.
La gráfica 2 presenta la opción alternativa de la Reconstrucción Social del Hábitat, en la que los afectados participan como sujetos que conducen el proceso, cuentan con el apoyo de asesores en diversos campos que cubren, tanto el análisis de las condiciones del lugar y de las construcciones que incidieron en el daño o el colapso de las viviendas, como el apoyo a la organización y a las familias en los aspectos sociales, técnicos y del manejo y gestión de los recursos.
En el proceso de autoproducción asistida, la interacción entre los actores que participan se plantea y realiza como un permanente intercambio de saberes que fortalece la participación informada de los habitantes.
Se maneja como un proceso capaz de gestionar la integralidad compleja de la realidad a reconstruir y a transformar, tanto en lo físico espacial de la vivienda, su hábitat y su entorno ambiental como en lo económico, para potenciar sus capacidades y cadenas productivas.
Todo ello en respeto y valoración de su cultura y de sus formas de vida, y en interacción con quienes pueden colaborar en mejorar sus técnicas y procesos organizativos para lograr la reconstrucción segura de su hábitat y el fortalecimiento de sus potencialidades en una perspectiva de largo plazo.
1 Como si el adobe no lo fuera y sin considerar que también cayeron construcciones con estructura de concreto, muros de piedra, de bloque, de ladrillo, como fue el caso de múltiples escuelas y viviendas. Situación originada no en el material sino en otras condicionantes como la falta de mantenimiento, errores constructivos e incluso el incumplimiento, por corrupción o incapacidad, de las especificaciones contenidas en los reglamentos de construcción2 Se puede consultar y bajar en https://eladobe.cl/