La Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad (PGDC) se une a los esfuerzos internacionales y colectivos para combatir el COVID-19.

Expresamos nuestro compromiso y solidaridad con los grupos más vulnerables frente a la pandemia, en particular a las personas sin hogar, en situación de calle, las personas viviendo en asentamientos precarios, amenazadas por desalojos, desahucios, desplazamientos y colapsos de sus viviendas debido a situaciones naturales o cotidianas, lxs trabajadorxs informales y personas empobrecidas, en particular las mujeres, personas mayores y disidencias de todas las edades que sufren múltiples violencias. Al mismo tiempo, manifestamos nuestra admiración y gratitud para lxs profesionales de la salud, de la limpieza, recicladorxs informales, cuidadorxs y científicxs, y personal de centros de alimentación y otros servicios básicos en este momento de crisis.

La PGDC persigue la construcción de comunidades democráticas, diversas, solidarias y sostenibles, entendidas como bienes comunes donde todxs lxs habitantes tienen derecho a una vida con paz, seguridad, salud y dignidad. El Derecho a la Ciudad es un derecho colectivo que pone de relieve la gestión democrática, una perspectiva territorial integral y la interdependencia de todos los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales.

Nos unimos a las voces que en este escenario reclaman la necesidad de:

1) Recuperar y fortalecer los servicios públicos comunitarios

2) Transitar hacia una sociedad de los cuidados, reconociendo el rol de las mujeres como cuidadoras del hogar y la comunidad.

3) Diseñar los mecanismos democráticos para una masiva redistribución de la riqueza social y una economía al servicio de la vida y el bien común.

Pedimos encarecidamente a todos los gobiernos que adopten medidas inmediatas para respetar sus obligaciones jurídicas derivadas de la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En particular, el artículo 11 (derecho a la vivienda) y el artículo 12 (derecho a la protección de la salud) con políticas de sanidad pública, vivienda y planificación urbana, basadas en los derechos humanos y ambientales y no en el lucro. Estas políticas se deben financiar superando los bloqueos causados por los parámetros monetarios de los presupuestos públicos, también con la renegociación o cancelación de la deuda soberana, en particular por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Más específicamente, y junto con cientos de organizaciones alrededor del mundo, insistimos que nuestros gobiernos y la comunidad internacional adopten medidas inmediatas que permitan:

● Asegurar que se respeten todos los derechos humanos fundamentales, especialmente el derecho a una vivienda, alimentación y nutrición adecuadas. Los derechos humanos son indivisibles.

● Proteger a las personas más vulnerables y afectadas directamente por el virus o por sus impactos económicos y sociales,

● Luchar contra la desigualdad, el racismo, la discriminación, las violencias contra las mujeres, niñas, personas mayores, disidencias y la segregación, agravadas en los momentos de crisis;

● Parar los desalojos y desplazamientos forzados y facilitar alojamiento a las personas sin hogar.

● Garantizar suministros básicos como agua potable, alimentación, electricidad, saneamiento.

● Detener los despidos y realizar plan de apoyo económico y social a lxs trabajadorxs por cuenta propia.

● Garantizar la Renta Básica Universal y la atención sanitaria gratuita para todos, incluidos los trabajadores indocumentados, los migrantes y los refugiados.

● Garantizar atención médica y hospitalaria pública y universal a todas las personas sin exclusión, en particular a las personas en situación de calle, migrantes, refugiados/as.

● Asegurar inversiones públicas en investigación científica para desarrollar las respuestas y soluciones a las crisis de hoy y de mañana bajo mecanismos que protejan este proceso de las lógicas del mercado.

● Brindar información precisa y oportuna sobre cuestiones de salud pública;

● Suspender inmediatamente todas las sanciones externas sobre alimentos y medicamentos de los países que las padecen como Cuba, Venezuela, Siria, Corea del Norte, Irak e Irán. Estas medidas no son admisibles, su persistencia es un crimen contra la humanidad.

● Garantizar la participación de la sociedad civil en el diseño, la implementación y la evaluación de las respuestas a esta emergencia, a fin de garantizar que las medidas y acciones no infrinjan indebidamente los derechos humanos y las libertades fundamentales.

La presente crisis pone de manifiesto el carácter colectivo de las ciudades y territorios en que vivimos. Esta crisis nos afecta a todxs. Sin embargo, hay diferencias claras en los impactos sufridos y en los recursos y capacidades de diferentes personas y comunidades para hacerle frente. Por ello, es fundamental que toda respuesta o estrategia tenga en su centro el compromiso con las personas en situación de vulnerabilidad, no solamente en términos de salud, pero también social, económica y territorialmente, en consonancia con las obligaciones de derechos humanos de los Estados.

Apoyamos las autoridades locales y gobiernos que se comprometen y hacemos un llamamiento a todos los gobiernos e instituciones para que respeten a los activistas comprometidos en la lucha por estos derechos humanos.

La situación de crisis mundial generada por el coronavirus demuestra la urgencia de poner la vida y las personas por encima del lucro. Frente a una situación de esta magnitud, queda claro que las soluciones deberán ser transfronterizas y que todxs los actores- diferentes esferas de gobierno, investigadores y organizaciones de la sociedad civil- deben trabajar de manera colectiva y coordinada por el bien común.

Para más información sobre la crisis del COVID-19 y materiales y declaraciones de nuestrxs miembros y aliadxs, por favor visite la página dedicada en nuestro sitio web.