América Latina es la región más urbanizada del planeta. En las ciudades, una de cada cuatro personas vive en condiciones de hacinamiento, sin acceso a una vivienda e infraestructura adecuadas que garanticen servicios básicos, agua, saneamiento, electricidad e internet. Estas condiciones de habitabilidad precaria, reflejo de políticas no enfocadas a las mayorías, son especialmente peligrosas en caso de crisis, como es ahora la pandemia. Todo indica – en algunos países ya es certeza – que la enfermedad ataca especialmente a los asentamientos precarios, donde la letalidad será mayor.
En estos asentamientos, la respuesta a la emergencia sanitaria es compleja. Exige políticas públicas específicas para abordar las necesidades de quienes viven en estos barrios, adaptadas a una realidad económica y productiva en la cual predominan la pobreza, la indigencia y las actividades “informales”.
Para que la pandemia en los asentamientos no siga profundizando las desigualdades, ni siga incumpliendo o violando los derechos humanos de la población más empobrecida, es urgente que el Estado, desde todas sus instancias locales, metropolitanas, regionales y nacionales, entable diálogo con las comunidades y sus organizaciones. Se requieren medidas inmediatas que correspondan a políticas e impactos de largo plazo.
Es además imperante poner fin a políticas autoritarias y de militarización de los asentamientos populares. Quienes habitan estos barrios enfrentan la pandemia en condiciones precarias y, además, tienen que defenderse de operaciones de la policía en sus propias casas. Estas incursiones siembran violencia y terror, inseguridad y angustia, y favorecen los riesgos del contagio y de la mortalidad.
Frente a todo lo anterior, las organizaciones de HIC en América Latina proponemos a los gobiernos y a otros actores vinculados a las condiciones de vida en los asentamientos precarios, seis tipos de medidas para gestionar esta crisis sanitaria y avanzar en transformaciones de mediano y largo plazo.
Las dificultades y las vulneraciones de derechos de quienes viven en los barrios precarios son invisibilizadas, aún más en el marco de la pandemia. No existen suficientes datos sobre las condiciones materiales, socioeconómicas y culturales de estos asentamientos. La información censal es cuestionable o no se cuenta con ella, lo que no facilita ni diagnósticos confiables, ni el diseño de políticas públicas que permitan mitigar las desigualdades, hacer realidad los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), y responder a una crisis como la actual.
Lo mismo pasa con los datos de la pandemia, que ilustran contextos de ingresos medios y altos más que de los sectores populares. La ausencia de información confiable sobre la particularidad de los barrios precarios impide el planteo de medidas adecuadas a sus realidades y complejiza la aplicación de las consignas sanitarias, de cuidado de la higiene, de distanciamiento y aislamiento.
Tanto en términos de la emergencia como a mediano y largo plazo, se hace imprescindible construir datos precisos y legítimos desde el enfoque de derechos humanos, de género y respetando las identidades raciales y de migrantes, sobre las condiciones de vida en los asentamientos precarios. La experiencia demuestra que esto es posible desde el ámbito barrial, en alianza con organizaciones sociales e instituciones locales, a través de ejercicios de mapeo, para luego someter los datos a las autoridades e incluirlos en las estadísticas públicas.
Se trata también de garantizar a los habitantes el acceso a información de calidad, para combatir la diseminación de noticias falsas a través de medios locales, autogestionados y adecuados a la especificidad territorial y de cerrar la brecha tecnológica, para desarrollar conductas de prevención y mejora del cuidado.
Sigue siendo necesario, además, crear y poner a disposición de la población canales adecuados para las denuncias contra incumplimientos del Estado y abusos de privados; y para combatir la generación de estigmas y nuevos estereotipos susceptibles de discriminación.
El momento de crisis y la fase de recesión que está derivando de la pandemia exigen la organización y articulación entre las comunidades residentes, las instituciones y entre las distintas áreas del Estado, para llegar a los barrios con respuestas integrales y no fragmentadas.
Se trata de poner a funcionar prácticas tradicionales de organización local y negociación intersectorial, que se traducen en comités de crisis, comisiones especiales o mesas técnicas de gestión, que deberán abordar la problemática actual desde todas las aristas posibles – vivienda, salud, educación, empleo, cultura, deporte y entorno – para construir políticas más holísticas y, en consecuencia, más efectivas. Son instancias de diálogo y construcción a escala micro, para llegar a las decisiones más adecuadas de gestión de la emergencia; asimismo, para formar nuevos actores para el seguimiento y control de la implementación de las medidas construidas democráticamente.
La participación de la población de los barrios es de fundamental relevancia por el conocimiento y la capacidad de gestión territorial y de los servicios sanitarios, y para identificar los problemas específicos y las posibles soluciones.
La organización comunitaria cumple un rol irremplazable en la gestión del hábitat, ya que mediante sus prácticas sociales, asociativas o cooperativas, genera espacios adecuados para la participación de vecinos y vecinas, representando las pluralidades grupales y la diversidad de habitantes en la geografía de cada barrio ante las distintas instancias estatales, sectoriales y territoriales.
Una vivienda adecuada es un derecho humano básico, y es un requisito esencial para evitar la propagación de una pandemia. Aún así, según datos de la CEPAL, alrededor de 100 millones de personas en América Latina viven en asentamientos precarios, no cuentan con condiciones materiales ni con acceso a servicios básicos para poder aislarse. La forzada proximidad aumenta la diseminación del virus.
En los barrios de mayor hacinamiento y condiciones de insalubridad, es imprescindible la oferta de soluciones habitacionales alternativas para personas en cuarentena y en particular para los grupos de alto riesgo, como personas mayores o con enfermedades crónicas. En todas las ciudades existen edificios abandonados, obras de construcción sin terminar, hoteles o viviendas sub-utilizadas que, adaptándolas, se pueden emplear como albergues, haciendo valer el principio de la función social de la propiedad.
Es imprescindible además no dejar a nadie sin vivienda, por lo que las autoridades deberán establecer la inmediata suspensión de cualquier desalojo tanto en la ciudad como en el campo, relacionados a cualquier tipo de proceso judicial o administrativo, por razón de tenencia, pago de arriendo o deuda financiera e hipotecaria.
En cuanto a los servicios básicos, es vital que se reorganice el sistema de distribución de agua para garantizar el acceso prioritario para uso doméstico, asegurar cisternas de agua gratuitas a los sectores de la población que no cuentan con conexiones domiciliarias a la red hídrica, controlar posibles abusos por empresas privadas que se dedican a la venta del líquido esencial, así como asegurar acceso a desagües y saneamiento adecuados y distribución gratuita de gas de cocina para quienes no cuenten con ello.
Abogamos por la suspensión del pago, sin posterior cobro, de todo servicio de agua, saneamiento, electricidad y gas, tanto para las personas que viven en los asentamientos precarios como para los centros de atención, refugio, clínicas, asilos, comedores y baños. La suspensión de pago, no sólo durante la emergencia de la pandemia, sino también a mediano y largo plazo, ya que los efectos de la crisis sanitaria y económica seguirán y muchas personas van a resultar más endeudadas y vulnerables en los próximos meses e incluso años.
Al mismo tiempo, es importante garantizar en cada barrio espacios destinados a la atención sanitaria adecuada y unidades médicas móviles, una metodología para el análisis sanitario oportuno y el seguimiento de casos sospechosos y contactos estrechos de pacientes positivos, que garantice un correcto aislamiento e incluya la realización de tests gratuitos de diagnóstico.
Desde los asentamientos precarios, la población enfrenta dificultades para acceder al sistema de salud, a los lugares de trabajo y a otros equipamientos esenciales que se ubican en otras zonas de la ciudad. Es fundamental por lo tanto, que, en la emergencia, se trabaje con cada comunidad un plan adecuado para enfrentar sus necesidades de movilidad y que se establezcan reglas claras sobre la cantidad máxima de pasajeros en el transporte colectivo, garantizando el distanciamiento social y aumentando la frecuencia.
Finalmente, contar con conexión a internet resulta una precondición hoy para poder acceder a otros derechos, como a la educación, a la salud, a realizar trámites y reclamos, a la información, a la cultura e incluso a la conexión con otras personas. Es necesario que los Estados garanticen por lo tanto el acceso a Internet y al equipamiento tecnológico que requiere su uso en los barrios precarios.
Los asentamientos precarios están integrados a la ciudad por el modelo de dominación, que excluye a la población más empobrecida de las prebendas urbanas. La integración social, en el enfoque del derecho a la ciudad y de la función social del suelo, exige medidas de largo alcance que lleven la ciudad y sus beneficios hacia quienes no los gozan.
En la realidad de hoy, las empresas de servicios, ya sea de agua, saneamiento, recolección de residuos, electricidad, internet o gas, se rigen en la mayoría de los casos por normas del mercado; y el Estado tiende a tercerizar las obras y servicios de mantenimiento de las infraestructuras. Estas prestaciones, más privadas que públicas, suelen llegar hasta el borde de los asentamientos precarios, marcando una vez más la marginación de la población empobrecida, que se ve negado el derecho a estos servicios básicos.
Por el temor al contagio, una vez más, el transporte público colectivo está en entredicho. Por un lado, millones de personas dependen de esta única opción de movilidad para llegar a la ciudad, sus riquezas y sus oportunidades. Por el otro, las dinámicas de tránsito y transporte, a la vez, excluye, condicionan y habilitan el uso del territorio. Necesitamos transformar la ciudad, no sólo para que las poblaciones más empobrecidas, especialmente las mujeres, puedan transportarse a los centros de educación, salud, empleo y recreo; sino para que toda comunidad tenga los servicios necesarios a un radio caminable.
Las condiciones de vulneración, sufridas ahora en los asentamientos precarios, tan sólo podrán superarse con cambios emancipadores de nuestras sociedades, sus marcos constitucionales, legales y de las políticas públicas que aborden la ciudad desde los derechos de sus habitantes, y que revisen la función social del suelo a la luz de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en función de la especificidad de cada territorio, cada asentamiento.
La implementación de la consigna “quédate en casa” en los asentamientos precarios ha potenciado las situaciones de violencia hacia las mujeres y cuerpos feminizados. El aislamiento en las viviendas para aquellas que conviven con su agresor se ha convertido en una amenaza. En todos los países de América Latina se ha registrado un incremento en las violencias intrafamiliares y de género. Además de los canales de comunicación abiertos por los gobiernos para denunciar y hacer públicos los conflictos intrafamiliares, en los espacios comunitarios de los asentamientos precarios se han fortalecido las relaciones de colaboración y asistencia frente a la violencia de género por parte de las mismas referentes que se ocupan de la alimentación. Ellas son quienes contienen a sus vecinas que sufren estos abusos, en el ámbito que históricamente resguarda lo privado. Esta experiencia y todas las prácticas del cuidado demuestran que existen acciones sociales cercanas que albergan y promueven la función social del espacio en los barrios populares.
Resulta imprescindible que los gobiernos asuman la tarea de proteger a las mujeres, trans, travestis y lesbianas en este contexto de emergencia, desarrollando protocolos y sin desoír las experiencias comunitarias que se dan en los barrios populares. Es fundamental contar con medidas de asilo y refugio, para brindar a esta población espacios seguros donde pasar el aislamiento; y reforzar los canales de prevención, con información adecuada y dispositivos para pedir auxilio. Por otra parte, es necesario pensar modos de transferencia de recursos para contribuir a la autonomía económica de las mujeres y colectivos LGBTTIQ, que posibiliten un distanciamiento de las situaciones de peligro.
En lo inmediato, las redes de organización barrial, con el apoyo de las autoridades, deben establecer pautas para identificar las exigencias y propuestas de sobrevivencia de las familias. Esto es posible. Muchas experiencias en asentamientos precarios lo demuestran: en la tradición secular, de solo el pueblo apoya al pueblo, vemos por doquier la capacidad local de organizar los comedores comunitarios, con apoyo interno y externo de alimentos y otros recursos. Hoy estas experiencias necesitan reforzarse y mejorar la operación con reglas de higiene y distanciamiento.
Para el avance hacia mejores condiciones de vida en asentamientos precarios, superando la subsistencia hay que trabajar para la continuidad de las actividades productivas, favoreciendo el consumo local, la economía social y solidaria, así como la soberanía alimentaria. Hay que apoyar a los pequeños comercios y controlar los precios de alimentos y bienes de primera necesidad, para favorecer la economía local.
Frente a la pandemia, resulta esencial proponer políticas orientadas a la universalización de las condiciones del estado de bienestar. En este sentido el acceso como derecho a los servicios básicos indispensable para alimentación, salud, educación, vivienda y trabajo pero también bonos universales o compensatorios para la población (niñez, discapacidad, jefatura femeninas, otras) y renta básica. Estas herramientas permiten la redistribución de la riqueza pero no debe garantizarse a costa del endeudamientos externos utilizando a los sectores populares para justificar el alineamiento a las políticas de dependencia.
Para la gestión democrática de los territorios vulnerables y la atención a las emergencias, el Estado y la sociedad junto con donantes y cooperación internacional, deben reconocer, legitimar y apoyar económicamente a las organizaciones sociales y las redes solidarias que operan actualmente en los barrios, para transformarlas en actores de ciudadanía empoderada.
Para reforzar las capacidades históricas de autogestión en la administración de los asentamientos precarios, el Estado debe reconocer y respaldar el rol social de funcionarios y profesionales vinculados al hábitat, generando un acompañamiento técnico de calidad pagado con dinero público.
Muchos países están ya planteando reactivar la economía a partir de inversiones en el sector de la construcción y la vivienda. En este ámbito, es fundamental ampliar los programas de mejoramiento de barrio y de vivienda a partir de la participación sostenida de quiénes se beneficiarían con ellos. Asimismo, se deberían contemplar medidas de apoyo a la producción social de viviendas, en materia de recursos, normativas y de regularización de la tenencia, de modo de fomentar las economías locales en los asentamientos.
Junio 2020
