Voces del hábitat: Frente a la pandemia el futuro es hoy

Mayo 2020       

La Coalición Internacional del Hábitat (HIC en sus siglas en inglés) lucha desde 1976 por la justicia social, la igualdad de género y la sostenibilidad del planeta. HIC es una red global conformada por más de 400 organizaciones afiliadas y aliadas en 120 países de cinco continentes que trabajan, junto a muchos movimientos sociales, por la defensa de los derechos humanos al hábitat y al habitar dignos. Por la presente, invitamos a todas y todos los defensores de estos derechos, a quienes trabajan desde ámbitos barriales, locales, nacionales, regionales e internacionales a sumar voces y esfuerzos por un presente y futuro social y ambientalmente justo.

1. La pandemia visibiliza desigualdades pre-existentes

Las urbes – grandes, pequeñas y de menor rango – donde hoy vive más de la mitad de la población mundial, se presentan en algunos casos como islas de modernidad y opulencia capitalista. Sin embargo, una gran parte de la población urbana del planeta vive en condiciones y lugares inadecuados, inseguros, en pobreza y sin oportunidades. En el mundo entero, las condiciones del hábitat reflejan profundas desigualdades económicas, sociales, políticas y ambientales. Estas corresponden al acelerado proceso de privatización del espacio urbano y rural, la especulación y el despojo que generan injusticias en el acceso a los bienes y servicios indispensables para la vida cotidiana de todas y todos. Son desigualdades estructurales, agudizadas en gran parte del Sur Global por más de tres décadas de políticas neoliberales que privilegian la acumulación por sobre la vida.

La pandemia del COVID-19 no es sólo una crisis sanitaria global, sino que pone al desnudo inequidades pre-existentes y el agotamiento de un sistema político-económico que produce y reproduce estas inequidades, así como exclusiones históricas y destrucción de ecosistemas vitales para la vida. Frente a la alerta sanitaria, las urbes se han puesto en cuarentena bajo medidas ‘inmunológicas universales de protección social’ como el ‘quédate en casa’, que se propagaron rápidamente sin distinción de género, clase, edad, etnicidad o capacidad físico-mental. Medidas que asumen que todos y todas tienen un techo, acceso a servicios básicos de agua y saneamiento y a alimentos, la posibilidad de trabajar desde casa y de echar mano a sus ahorros en períodos de crisis. Asistimos así a una proyección acrítica del Estado como protector de la vida de todas y todos sus ciudadanos y a la romantización de la cuarentena como una situación en que se asume al hogar como un lugar seguro y a las ‘personas’ como dueñas de sus cuerpos y tiempos, de sus decisiones en el ámbito de la producción y la reproducción, de la acción colectiva y participación política, en síntesis, como sujetos de derecho pleno.

Estos presupuestos fuertemente arraigados en nuestras sociedades y sistemas de gobierno siguen impactando en forma desproporcional a los sectores sociales típicamente invisibilizados: al pobre, al informal, al migrante, a los pueblos indígenas y en gran medida a las mujeres que viven en la intersección de múltiples identidades sociales.

2. El autocuidado no es igual para todas y todos

La pandemia visibiliza la precariedad y fragilidad de vida en las condiciones habitacionales de los sectores populares, en viviendas inadecuadas u hospedajes comunes, sin poder aislarse o enfrentando malas condiciones higiénica[1]s.  Millones de habitantes pobres y de clase media baja, a causa de políticas de vivienda inadecuadas, sufren el hacinamiento y el no-acceso a servicios elementales. Desde ya debemos pensar y desarrollar estrategias que atiendan a quienes no gozan de un lugar seguro para el autocuidado: las personas que viven en asentamientos precarios que están siendo además víctimas de una extraña multiplicación de agresiones e incendios; los que pagan arriendos abusivos; la población en situación de calle, los inmigrantes, para quienes la lógica cotidiana es: si no sale a trabajar, no podrá comer; tampoco pagará la renta o los gastos de los servicios, y vendrá el desalojo o la falta de agua o luz. En entornos rurales, los servicios de salud son escasos, en infraestructura y en personal. A la fecha, aun se registran pocos contagios en el campo, pero de multiplicarse, las consecuencias serán graves. Para protegerse, muchas comunidades han cerrado caminos para evitar posibles contagios, afectando a la economía productora, por no poder salir a vender sus productos.

<< Ve nuestra Declaración sobre Asentamientos Precarios >>

Las violencias contra las mujeres aumentan en las situaciones de confinamiento y crisis, las denuncias por violencias de género son testimonio de ello. No sólo violencias contra las mujeres en encierro con sus maltratadores, también contra la infancia y adultos mayores. Estas mujeres son las cuidadoras de la humanidad, en sus casas, barrios y en la sociedad. Son la mayoría del personal sanitario y en el mercado informal; en los barrios de mayor precariedad, quienes asumen los cuidados, se encargan de los comedores populares y de las actividades comunitarias. En las viviendas, ellas sostienen la educación, la alimentación, el agua y cuidan el equilibrio afectivo.

Muchas de las medidas preventivas, aunque necesarias para contener la expansión del virus, profundizan la brecha entre quienes pueden y no pueden adoptarlas. Por ejemplo, en muchos países las escuelas están cerradas y enseñan a través de la Red, pero en los países de menores ingresos, sólo el 20 % de la población tiene conexión a Internet. Una realidad similar surge frente a otros indicadores como el número de camas de hospital o los sistemas de seguridad social. Solo el 22% de los desempleados a nivel mundial reciben ayudas, cifras que excluyen a la gente en condición de subempleo y de empleo precario. Asimismo, muchos países apelan al uso de big data como medida de seguridad por medio de la recopilación y análisis de datos personales a través de medios electrónicos, o han sacado a las fuerzas armadas a las calles, con la pretensión de garantizar el aislamiento social de la población.

Este momento histórico es contradictorio, presenta amenazas y oportunidades. Asumamos la posibilidad de replantear las formas y condiciones de vida, re-valorando la escala humana de los territorios, los medios de producción diversificados, el empleo digno y su relación con el hábitat, la salud y la educación públicas.

3. No más décadas perdidas

En una entrevista pública a principios de abril del 2020, el director del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señaló que COVID-19 amenaza con imponer dos décadas pérdidas de progreso en el desarrollo de muchos países. América Latina y el Caribe ya conocen lo que significa enfrentar una ‘década perdida’; no se trata simplemente de 10 años de retroceso, sino de hipotecar la vida y oportunidades de generaciones enteras, del riesgo a erosionar aún más sistemas públicos y universales de salud, educación, vivienda, servicios, empleo y protección social. También a principios de abril – en un momento en que los  impactos de la pandemia eran recién incipientes en muchas regiones – el Secretario General de la Naciones Unidas estimaba la necesidad de movilizar un plan de asistencia internacional en el rango del 10% o más del PIB mundial (equivalente a más de 2 billones de dólares). Sin embargo, a la fecha, los esfuerzos internacionales y regionales en este ámbito son aún marginales y deben profundizarse y pensarse como el equivalente de un Plan Marshall para la reconstrucción.

La combinación de crisis sanitaria y paralización de la economía está recayendo duramente sobre las mayorías trabajadoras y excluidas. Sabemos que aumentarán mucho más la pobreza y la indigencia. El alcance de los objetivos de desarrollo sostenible, ODS 2030, se alejará de sus metas. Más que nunca, debemos oponernos a las recetas tradicionales del capital; el superar la crisis no puede ser condicionado por un financiamiento en manos de intereses privatizadores o especuladores. El hambre, no se puede aceptar.

4. Aprendiendo del pasado para construir un presente y futuro diferentes

La pandemia puede ser usada como justificación para profundizar el autoritarismo y la acumulación por desposesión, haciendo uso de viejas banderas racistas, patriarcales, colonialistas y neoliberales que avivan el individualismo, la indiferencia, el odio y el miedo. Pero esta crisis también ha demostrado la capacidad colectiva de pensamiento y haceres críticos de nuestros pueblos. Esto se observa en particular en los asentamientos construidos por autogestión y cooperativismo, aplicando los principios de la producción y gestión social del hábitat. Son las mismas prácticas seculares de sobrevivencia y de solidaridad, como las luchas por el suelo, la vivienda, los servicios básicos, el transporte público, la educación y la salud que deben ser reconocidas y respaldadas. El reto actual es reconocer y apoyar estas capacidades colectivas como responsabilidad de los organismos decisores.

El recrudecimiento de las desigualdades evidencia la urgente necesidad de fortalecer el rol del Estado como garante de derechos. Adquiere centralidad la función elemental de la política fiscal en la provisión de recursos suficientes para responder a la crisis; más aún, en una región caracterizada por sistemas fiscales regresivos, que benefician en mayor medida a los sectores más ricos, en detrimento de los sectores más vulnerabilizados. Los efectos de esta crisis deben mitigarse con la adopción de políticas fiscales redistributivas, que permitan garantizar una protección social suficiente, profunda y estructural, financiada a partir de reformas progresistas de los sistemas tributarios.

Proponemos y exigimos decisiones políticas inmediatas centradas en la vida, que permitan la gestión pública y comunitaria de los bienes comunes, y la intervención estatal para garantizar los derechos al hábitat y el bien común; que reconozcan el aporte de las mujeres en las tareas del cuidado, el rescate del planeta y el ejercicio pleno de todos los derechos humanos para todos y todas. Rescatemos las lecciones aprendidas de tantas otras crisis del siglo pasado y del inicio del presente. Reconozcamos la riqueza de las prácticas comunitarias y aboguemos por políticas que marquen un proceso de desmercantilización del suelo, la vivienda, el agua, la salud y educación, en síntesis, de la vida. Por ello, planteamos tres ejes claves de acción para avanzar hacia un futuro social y ambientalmente justo:

Hacia una redistribución profunda

Se trata por sobretodo de reorientar la economía para proteger la vida y el hábitat de todas y todos. Esta no es una tarea a abordar desde respuestas contingentes, sino estructurales que demandan:

• Movilizar el apoyo internacional en forma de ayuda – no préstamos – a programas de protección del hábitat y habitar en beneficio directo de las comunidades y sectores más desfavorecidos. Esto requiere dimensionar dichos fondos en relación a las necesidades reales que surgen de los impactos directos e indirectos de la crisis.
• Hacer valer el principio de función social de la propiedad y el suelo tanto en el campo como en la ciudad y la protección del medio ambiente como patrimonio común intergeneracional.
• Hacer efectivo en las Cartas Constitucionales el derecho a una vivienda adecuada de todas las personas y en especial los más vulnerables, y evitar los desalojos y redefinir plazos e intereses de deudas, rentas e hipotecas.
• Promover, desde las instancias gubernamentales, políticas y programas efectivos de acceso a la tierra, condiciones habitacionales dignas y servicios básicos adecuados, apoyando en forma sostenida y substancial a los programas de mejoramiento barrial.
• Fortalecer con claridad la relación entre el derecho a una vivienda adecuada y la salud, apoyando mejoras inmediatas en condiciones de habitabilidad y otras medidas en los presupuestos para combatir el COVID.
• Detener la privatización de las tierras y bienes públicos, así como las iniciativas de asociación público-privado que privatiza las ganancias y quita recursos y derechos a la gente.
• Promover reformas tributarias que corrijan los déficits de recaudación estatal y fortalezcan la progresividad del sistema impositivo, particularmente de impuestos a la renta y al patrimonio. Esto incluye grabar impuestos en todo bien inmueble desocupado; o usarlos para descomprimir el hacinamiento en un plan general de reutilización de infraestructura superflua, con bancos de tierras e inmuebles.
• Aumentar la grabación impositiva a las ganancias de grandes corporaciones y sectores en auge, como a la economía digital, aseguradoras y farmacéuticas con ganancias extraordinarias y al sector financiero en general. Así como eliminar privilegios fiscales y beneficios tributarios innecesarios e impulsar políticas efectivas contra la evasión y elusión fiscal que permitan reforzar políticas redistributivas.
• Evaluar la reasignación de gastos presupuestarios en sectores menos prioritarios, como por ejemplo el gasto militar, para reforzar el gasto público en vivienda y tantas otras áreas fundamentales y urgentes para la protección social y reactivación económica.

Reconocimiento: diferentes pero iguales

La redistribución depende del reconocimiento de diferencias e invisibilidades: si eres invisible no eres sujeto al que llegue ningún ejercicio redistributivo – contingente o estructural. Por ello planteamos la urgente necesidad de adoptar las siguientes medidas, fundamental pero no exclusivamente desde las instancias gubernamentales:

• Proteger nuestros derechos y oportunidades a un hábitat y habitar dignos sin distinción de género, sexualidad, clase, edad, etnicidad, religión y habilidad físico-mental, para reconocer la transversalidad y rol de múltiples identidades sociales en base a las cuales se reproduce la discriminación, el estigmatismo y la marginalización.
• Valorar y apoyar en forma activa las múltiples experiencias en la producción y gestión social del hábitat, el cooperativismo y la auto-gestión del hábitat, incluyendo en forma explícita a los pueblos indígenas, así como la valoración de tareas de cuidado de la vida y reproducción social en todas sus escalas, realizadas por mujeres.
• Reconocer el valor de las economías solidarias y apoyarlas en términos legales, regulatorios y de recursos.
• Reconocer y valorar la diversidad biocultural y de saberes y haceres de las distintas regiones dentro de los países, como base para el diseño de acciones adecuadas, relevantes y no hegemónicas.
• Promover relaciones recíprocas de desarrollo entre ámbitos rurales, periurbanos y urbanos, de localización y acorte de las cadenas de producción y distribución de alimentos, de abastecimiento energético y de agua, de manejo y recuperación de los residuos sólidos como recursos.

Paridad de participación política

Esto implica profundizar a diferentes escalas los mecanismos de participación democrática directa sin distinción de género, sexualidad, clase, edad, etnicidad, religión y habilidad físico-mental.

• Combatir en forma activa relaciones autoritarias, clientelistas, patriarcales y discriminatorias en la relación entre ciudadanas y ciudadanos y el Estado.
• Garantizar la igualdad de los y las inmigrantes como sujetos de derecho.
• Profundizar los procesos de descentralización y autonomía municipal así como los mecanismos de participación directa de la ciudadanía en la asignación y ejecución del gasto público.
• Garantizar el acceso al acompañamiento social, económico y técnico-legal requerido para la transformación del hábitat junto a las y los pobladores.
• Combatir en forma activa las dicotomías patriarcales y autoritarias que promueven y sostienen la inequidad de género, para ampliar el espacio de participación y voces de las mujeres en la toma de decisiones.

Son necesarias e imperativas nuevas formas de (re)distribución, reconocimiento y paridad de participación política para proteger la construcción colectiva del hábitat y el habitar.

¡Un lugar seguro donde todas y todos podamos vivir en paz y dignidad es posible!

[1] Ver Declaración de HIC-AL adjunta sobre Asentamientos Precarios aquí