COMUNICADO DE PRENSA – GINEBRA (18 de agosto de 2020) – Advirtiendo sobre un inminente tsunami de desalojos, el experto de la ONU en derecho a la vivienda pidió hoy a los gobiernos de todo el mundo detener todos los desalojos hasta que finalice la pandemia de COVID-19.
“Estoy alarmado por el aumento global de los desalojos forzosos”, dijo Balakrishnan Rajagopal, Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda. “El derecho a la vivienda es fundamental en cualquier respuesta a la pandemia, sin embargo, estamos viendo una aceleración en los desalojos y en la demolición de viviendas”.
“Perder el hogar durante esta pandemia podría significar perder la vida”, agregó. “Los derechos a la vida y a una vivienda adecuada están intrínsecamente vinculados”.
Aunque algunos gobiernos han establecido prohibiciones temporales a los desalojos forzosos, muchas personas continúan perdiendo sus hogares. Más de 11.000 personas fueron expulsadas de sus hogares en Brasil y Kenia, y más están en riesgo de ser desalojadas. La reubicación forzosa es una amenaza en países como Haití y está aumentando en muchos otros, y Rajagopal enfatizó que el peligro es global.
“Las prohibiciones temporales en muchos países han terminado o están llegando a su fin, y esto genera serias preocupaciones de que lo siguiente sea un tsunami de desalojos”, advirtió. “Los gobiernos no deben permitir que las personas se queden sin hogar durante esta pandemia porque pierden su trabajo y no pueden pagar el alquiler o la hipoteca”.
También es esencial una moratoria en la eliminación de campamentos de personas sin hogar, dijo.
“Los desalojos forzosos son una indignante violación de los derechos humanos, incluido el derecho a una vivienda adecuada”, dijo Rajagopal. “Durante una pandemia, cuando se pide a las personas que se queden en casa para protegerse a sí mismas y a los demás, los desalojos forzosos son aún más condenables y pueden constituir graves violaciones del derecho humanitario”. Advirtió que cuando las personas se ven privadas de refugio, se vuelven más vulnerables a la COVID-19 “y esto aumenta el riesgo de un contagio generalizado”.
“Hago un llamado a todos los Estados para que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos y garanticen que nadie quede en una posición de mayor vulnerabilidad a la COVID-19”, dijo.
El Relator añadió que debe garantizarse el acceso a la justicia a las personas, familias o comunidades que ya han sido desalojadas. Hizo un llamado a los gobiernos para que sigan la nota de orientación sobre los desalojos forzosos durante la pandemia de COVID-19 emitida por su predecesora.
FIN
Comunicado en inglés: https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26170&LangID=E
Balakrishnan Rajagopal (EE.UU.) es el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda como componente del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho a la no discriminación en este contexto. Asumió su mandato en mayo de 2020. El Sr. Rajagopal es profesor de Derecho y Desarrollo en el Departamento de Estudios Urbanos y Planificación del MIT. Es el fundador de la Red de Acción e Investigación sobre el Desplazamiento en el MIT. Durante más de 20 años ha investigado los movimientos sociales y la defensa de los derechos humanos en todo el mundo, centrándose en particular en los derechos a la tierra y la propiedad, los desalojos y el desplazamiento. Tiene una licenciatura en derecho de la Universidad de Madrás, India, una maestría en derecho de la American University y un doctorado interdisciplinario en derecho de la Facultad de Derecho de Harvard. Se desempeñó como asesor de derechos humanos de la Comisión Mundial de Represas, con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Camboya. Ha publicado numerosos libros y artículos académicos, incluidos informes de investigación sobre desalojos, desplazamientos, derechos humanos y vivienda.
Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el organismo más grande de expertos independientes en el sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Las expertas y los expertos de los procedimientos especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.
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