- Desde el inicio de la pandemia movimientos, organizaciones de la sociedad civil y academia solicitaron a las autoridades de la CDMX emitir una moratoria contra los desalojos y prever medidas de apoyo para la población en riesgo de perder su vivienda sin que se dieran avances
- En ausencia de previsiones gubernamentales específicas en materia de desalojos, un juzgado concedió medidas cautelares a favor de personas vulnerables para salvaguardar su derecho a la vivienda y a la salud
CDMX, 24 de agosto del 2021
Aura es una adulta mayor con problemas de salud por los cuales sus médicos tratantes le indicaron que no podía recibir la vacuna del COVID-19. Al perder sus fuentes de ingreso como consecuencia de la pandemia, cayó en morosidad y no pudo pagar la renta de la vivienda en la cual habita también con su hija y un nieto menor de edad. Frente al juicio civil que sus caseros/as empezaron para desalojarla, presentó una demanda de amparo en contra de diversas autoridades de la Ciudad de México por no haber adoptado medidas para atender los desalojos provocados por la pandemia. Como medida cautelar, un juzgado federal ordenó que se le dé asistencia gubernamental para evitar afectaciones a sus derechos a la vivienda y a la salud. En la demanda, además, el juzgado solicitó que de manera preventiva se dé a los/as caseros/as un subsidio de vivienda en arrendamiento para evitar que la situación les afecte en lo que Aura encuentra alternativas para resguardarse. Al referirse al menor de edad, solicitó que se salvaguarde el interés superior de la niñez generando las condiciones materiales que le permitan vivir plenamente.
La demanda fue presentada el 3 de mayo de este año y admitida el 23 de agosto. En la suspensión se exige que se integre la quejosa a los programas de apoyo social para población vulnerable y que se le de ayuda para salvaguardar su derecho a la vivienda y a la salud.
El caso es acompañado por la Oficina en América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat en conjunto con la abogada Kalycho Escoffié Duarte, quienes recordaron que desde el inicio de la contingencia sanitaria en 2020 el Relator Especial del derecho a la vivienda la ONU exhortó a los países a establecer moratorias de desalojos para salvaguardar el derecho a la vivienda de las personas que arriendan o tienen una hipoteca además de su derecho a la salud.
Decenas de países han adoptado medidas de esta naturaleza, las cuales, según diferentes investigaciones desarrolladas por distintas universidades, han demostrado tener impacto en la tasa de contagios y de mortandad. No obstante, a la fecha las autoridades capitalinas no han adoptado ninguna medida para evitar que personas desalojadas se expongan a una situación de calle y de riesgo de contagio.
El juicio está siendo tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa de Ciudad de México.
Datos de contacto: Narciso Cuevas, responsable de comunicación HIC-AL, 5585660092 y Oficina de HIC-AL 55 55 12 15 86