Las actividades de la industria extractiva de combustibles fósiles y la política energética que las incentiva agravan la crisis climática, conducen al deterioro de los ecosistemas, a la sobre explotación y contaminación del agua, la tierra y otros bienes comunes estrechamente vinculados con la realización de derechos humanos vinculados al hábitat. La política energética debe ser congruente con las obligaciones del Estado de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos. El informe: “Derechos humanos para una transición energética justa”, presenta los resultados del monitoreo realizado por organizaciones de la sociedad civil con relación a la política energética y recomienda al Estado mexicano la adopción de una serie de medidas encaminadas a combatir con efectividad el cambio climático y avanzar hacia una transición energética justa con perspectiva de derechos humanos, interseccional y de género.