Los miembros del Contrato Social por la Vivienda (CSV) de Ecuador, colectivo que
promueve el derecho a la vivienda la ciudad y el hábitat, manifestamos nuestra
solidaridad, reconocimiento y apoyo a quienes, ejerciendo el derecho constitucional a
la protesta y a la resistencia, expresan su rechazo a las acciones tomadas por el
Gobierno Nacional, tanto en lo relacionado con el manejo económico neoliberal, como
por la incapacidad para garantizar la seguridad ciudadana, mejorar la eficiencia en la
prestación de servicios públicos, y garantizar derechos básicos como educación,
salud, vivienda y empleo, todo lo cual afecta principalmente a los sectores más
vulnerables.
El CSV, promueve el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, por
tanto manifiesta lo siguiente:
- Rechazamos la represión del gobierno y la criminalización de la protesta, así como
todas las actitudes, expresiones y acciones violentas, racistas y xenófobas, que
han sido promovidas por personas, organizaciones, medios de comunicación e
instituciones, en el marco de la actual movilización nacional, las que desconocen o
niegan la realidad de un país plurinacional e intercultural. - Rechazamos la injusticia estructural a la que grupos de población desfavorecidos
han sido históricamente sometidos, mientras se destruyen las bases materiales,
ecológicas, ambientales, económicas y culturales que sostienen la vida. Estas
injusticias son las razones de fondo que activaron la movilización legítima de la
ciudadanía.. - Exigimos que se cumpla el derecho a un albergue adecuado y seguro, y que se
respeten los centros de acogida como zonas de paz. - Rechazamos el irrespeto a instituciones educativas y culturales que han sido
hostigadas por la policía y condenamos enérgicamente la toma de la Casa de las
Culturas por la fuerza policial, ya que viola principios constitucionales y vulnera la
autonomía de esta institución ciudadana. - Nos sumamos a la generosidad, hospitalidad y solidaridad de las organizaciones,
grupos de profesionales de la salud y ciudadanía que se han activado para acoger,
garantizar alimentos y asistencia médica primaria para la población movilizada.
Finalmente hacemos un llamado a las autoridades a respetar los Derechos
Humanos y dar respuesta a los pedidos de la ciudadanía movilizada deponiendo las
acciones de represión y violencia, empezando por la derogatoria de los decretos
que criminalizan la protesta social y vulneran derechos.