Condenamos enérgicamente el desalojo forzoso de 200 familias de la Toma 17 de Mayo en la comuna del Cerro Navia, Chile.
La Toma 17 de Mayo es un campamento establecido en 2019, conformado por familias mayoritariamente chilenas, que son del entorno de Cerro Navia y, que buscan un lugar para vivir ante el déficit de más de 650,000 viviendas que hay en ese país. Hoy, 17 de mayo, la Toma debía celebrar los 5 años de ocupación que, desgraciadamente, no indica un cambio de estatus de posesión en el marco legal chileno.
La Corte Suprema confirmó la orden de desalojo en octubre de 2023 e instruyó una coordinación entre instancias gubernamentales y municipales para llegar a soluciones transitorias en 6 meses. El plazo venció el 24 de abril, con distintas manifestaciones solidarias en la Toma y en distintas partes del país, exigiendo detener la amenaza de desalojo.
Mientras tanto, la mesa de negociación entre el gobierno y la Toma 17 de Mayo se estancaba y no lograba precisar las condiciones del asentamiento transitorio. A pesar de 45 reuniones con la Delegación de Gobierno, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Vivienda, la Municipalidad y otros actores clave, el Estado no aceptó intermediar ante la dueña del terreno para que la transición se realizara allí mismo y, a la vez, la propietaria pudiera iniciar importantes obras de conexión vial.
En la madrugada del jueves 16 de mayo (faltando un día para el quinto aniversario) alrededor de 100 efectivos irrumpieron de forma violenta al campamento, con gas lacrimógeno, acorralando a las familias hacia el perímetro; e iniciando la destrucción de 200 viviendas con retroexcavadoras.
Diversas organizaciones han condenado este acto debido a que mujeres, adultos mayores y niñxs han sido violentadxs a causa de los incendios y gases lacrimógenos utilizados por las fuerzas policiacas para dispersar a lxs pobladorxs.
Desde HIC-AL externamos nuestra solidaridad con las familias de la Toma 17 de Mayo y demandamos el respeto a los protocolos internacionales para garantizar los derechos humanos de las personas afectadas.