Paola Ramos / Cencos

Los habitantes de la Ciudad de México cuentan ya con un marco legal para defenderse contra desalojos forzados: el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, publicada este 8 de febrero.

La Ley fue publicada en el marco de la entrada en vigor de la primera Constitución Política de la capital y fue impulsada por diversas organizaciones civiles y vecinales que se articularon frente al incremento de desalojos irregulares.

Entre otras cosas, el artículo 60 establece que los desalojos sólo podrán llevarse a cabo en casos excepcionales, deberá evitarse o minimizar el uso de la fuerza, indemnizarse a los afectados en caso de ser privados de bienes o sufrir pérdidas inmateriales, garantizarles un debido proceso y reubicar a personas sin recursos.

En conferencia de prensa, este martes, realizaron un llamado a las autoridades del nuevo gobierno, encabezado por Claudia Sheinbaum a hacer valer la nueva ley y con ello poner freno a los abusos de autoridades e inmobiliarias que atentan contra el derecho a la vivienda.

Te presentamos cuatro breves testimonios de capitalinos que forman parte de las agrupaciones vecinales que, junto con defensores y académicos, buscan poner un freno al desalojo irregular, a los abusos de lo que llaman “cártel inmobiliario” y a defender su derecho a vivir en una ciudad para todos.

 

 

“Vivo en Emiliano Zapata 68. El 5 de septiembre fui desalojada de mi departamento teniendo una revisión de amparo. Yo le había dicho a la actuaria que había una revisión pero ella me dijo que eso no importaba y que ya tenía que llevar acabo el desalojo. Llegaron con 300 policías la actuaria y los cargadores. Pero yo sigo en la lucha, y estoy… pero con mucho miedo”

 

“Soy habitante de la Colonia Roma Norte. En nuestro edificio sufrimos las amenazas de desalojo. Hemos visto que hay violaciones sistemáticas al debido proceso: no fuimos notificados (…) y el año pasado nos dijeron: ‘en cinco días tienen que desalojar’ y nos dimos cuenta de que hay un manejo de las escrituras turbio en el Registro Público de la Propiedad. Logramos un amparo para permanecer en unos meses y vamos a persistir en esta lucha”.

 

“Fui desalojada del predio Querétaro 122. Fue un desalojo violento, sin que nos hubiéramos enterado. La mayoría de los vecinos estábamos fuera, na’más había una niña de 13 años, a quien violentaron estos golpeadores. Y después vino la Fedapur (Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana) y puso sellos, indebidamente. Nosotros fuimos a las instancias legales, las cuales soslayan estas situaciones. Es toda una política de Estado que se desplace a la población más vulnerable hacia la periferia, porque los ricos, los inmobiliarios quieren los inmuebles”

 

 

En el predio de Turín 46 compartimos comunidades mazahuas y otomí. Somos afectados por la PGR, que en diciembre quisieron espantarnos para desalojarnos sin notificación. Dijeron que querían desalojarnos porque era un predio que estaba resguardado desde el 2012, entonces estamos en lucha para ver qué podemos lograr porque necesitamos una vivienda digna para nuestros hijos y para nosotros.