En 1985 la Organización de Naciones Unidas proclamó el primer lunes de octubre como Día Mundial del Hábitat, con el objetivo de garantizar un desarrollo de forma sostenible y garantizar a todos los ciudadanos el derecho de contar con una vivienda digna para el resguardo de sus familias. El lema de este año es el desarrollo de ciudades con bajas emisiones de carbono, una mejor gestión del agua, impulso a las soluciones basadas en la naturaleza, recuperación de materiales y mayor uso de las energías renovables, para entre otros. A pesar de que la población urbana a nivel mundial tiende al crecimiento, ayudar a reducir el calentamiento global en Guatemala se mantiene un alto porcentaje de población, 46%, en las áreas rurales, contra un 54% urbano.
En cuanto al derecho a vivienda, ésta se ha convertido más bien en una mercancía, exclusiva, de lujo, inaccesible para la mayoría de familias urbanas o rurales. Las políticas impulsadas por el gobierno giran en torno a intereses empresariales casi de forma exclusiva, sin que existan políticas alternativas en coherencia con amplios intereses sociales contenidos en la ley de vivienda Decreto 9-2012, mermándose de tal forma las posibilidades de desarrollo del país y el bienestar de la población. Las políticas del subsidio existentes carecen de resultados tangibles por dos factores, un presupuesto muy reducido y un alto nivel de corrupción de los entes públicos y privados que intervienen.
Sin embargo, el contexto normativo sería favorable a políticas de vivienda con mayor coherencia y eficacia, para las necesidades presentes, a partir de la Constitución Política de la República y especialmente la Ley de Vivienda, Decreto 9-2012, que entre otros, define el derecho de “todas las familias guatemaltecas” a disponer, de forma segura, con certeza jurídica, el acceso a una vivienda digna, adecuada y saludable, como “un derecho humano universal”; igualmente lo previsto respecto a la Producción Social de Vivienda, con énfasis en la auto producción de vivienda, autoconstructores de forma individual o colectiva, la solidaridad y ayuda mutua, el uso de materiales locales, las técnicas ecológicas amigables al medio ambiente y los bajos costos que de ello derivan.
La construcción con materiales ecológicos como el adobe, el terracreto, el reciclaje de los mismos y la aplicación de tecnologías apropiadas son una alternativa. Hoy es posible construir viviendas con equilibrio ecológico, empleando un sistema antisísmico de gran eficiencia constructiva; particularmente adecuada al área rural, así como la disposición a la ayuda mutua y solidaridad comunitaria.
Frente a los problemas ambientales debidos al cambio climático, para reducir la emisión de CO2 (dióxido de carbono) y ayudar a reducir el calentamiento global, la construcción con materiales ecológicos por ser un material de baja energía incorporada, de bajo impacto energético; usa recursos naturales (la tierra, barro y paja, agua, secamiento al sol) de forma eficiente y racional, sin producir daños a la naturaleza ni al medio ambiente y es de gran capacidad de reproducción o reabastecimiento. La construcción con materiales ecológicos y alternativos de bajo costo, que no dañan el medio ambiente, forma parte del desarrollo sostenible al satisfacer necesidades sin comprometer el recurso y sus posibilidades para las generaciones futuras.
Ante lo expuesto el Comité Popular de Vivienda y Hábitat hace un llamado a:
- Todos los actores involucrados en vivienda a buscar mejores alternativas de solución para aportar al cumplimiento del derecho a vivienda y hábitat adecuado.
- A la población en general a seguir exigiendo sus derechos, siendo uno de ellos el acceso a Vivienda digna, adecuada y saludable.
El objetivo de las Naciones Unidas está lejos de ser alcanzado, más aún para países como Guatemala con uno de los peores indicadores de Desarrollo Humano a nivel latinoamericano y mundial; la situación es grave y empeora más después de año y medio de pandemia, un claro ejemplo son las comunidades que fueron golpeadas por las tormentas ETA y IOTA, que dejaron a miles de familias afectadas a su paso, comunidades que estuvieron inundadas durante meses, sin embargo hasta la fecha no tienen una respuesta del Estado, sumado a esto, en los últimos meses se ha incrementado: a) los desalojos ilegales, b) la criminalización de las organizaciones que defienden sus territorios frente a megaproyectos mineros, hidroeléctricas y de agro exportación, c) los ataques contra defensores de derechos humanos, d) la represión a comunidades que exigen servicios básicos de calidad siendo una clara violación al derecho al acceso a un hábitat digno y saludable.
¡En tiempos de pandemia!
¡Construcción sin corrupción!
