Al conmemorar el Día Mundial del Hábitat 2026, la Coalición Internacional del Hábitat (HIC) reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos fundamentales, incluida la seguridad de la tenencia de la tierra, una vivienda asequible y digna, y el acceso al empoderamiento económico. Hoy nos enfrentamos a la dura realidad de que millones de personas continúan perdiendo sus hogares debido a los desalojos forzosos, acciones que no pueden ser descartadas como meras consecuencias de la urbanización o de las crisis climáticas, sino que son el resultado directo de decisiones políticas que priorizan el beneficio económico sobre la dignidad humana.
Comprender la crisis de los desalojos forzosos
Los desalojos forzosos se producen cuando individuos y comunidades son expulsados de sus hogares o tierras sin las protecciones legales adecuadas, lo que constituye una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos. Es fundamental reconocer que:
- La prevención es posible. Los desalojos forzosos no son inevitables, son el resultado de decisiones políticas que pueden modificarse. Con la voluntad política y la responsabilidad social adecuadas, pueden prevenirse.
- El impacto recae de manera desproporcionada sobre las comunidades más vulnerables. Las poblaciones más vulnerables, incluidas aquellas definidas por su género, raza, clase y situación de tenencia, son las que corren mayor riesgo. Es imprescindible dirigir la atención hacia su protección.
- Los marcos jurídicos importan. No todos los desalojos legalmente sancionados se ajustan a las normas de derechos humanos. La financiarización de la vivienda, los modelos de desarrollo urbano orientados al beneficio y la falta de regulación de los actores privados están expulsando a millones de familias de sus hogares y territorios. Los sistemas de justicia que interpretan la ley desde la perspectiva de la propiedad como bien de mercado, en lugar de como un derecho humano, agravan aún más estas violaciones, en detrimento de las legítimas necesidades de la población. Es imperativo garantizar que los derechos de los arrendatarios y ocupantes estén protegidos por encima de los intereses del mercado.
Responsabilidad colectiva en materia de rendición de cuentas
La responsabilidad de prevenir los desalojos forzosos recae sobre múltiples actores:
- Los Estados tienen obligaciones vinculantes en virtud del derecho internacional de los derechos humanos de salvaguardar el derecho a la vivienda, aplicar las regulaciones contra los desalojos forzosos y garantizar el acceso a la justicia para las personas afectadas.
- Los actores del sector privado, incluidos los promotores inmobiliarios, las instituciones financieras y las entidades del mercado de la vivienda, deben cumplir las normas de derechos humanos establecidas, garantizando que sus acciones no contribuyan al desplazamiento y trabajando activamente para reparar el daño cuando este se produzca.
- Las comunidades afectadas por los desalojos forzosos no son únicamente víctimas: aportan perspectivas, conocimientos y experiencia invaluables. Sus voces deben ser elevadas en todos los diálogos sobre derechos y soluciones.
Causas de los desalojos forzosos
El problema generalizado de los desalojos forzosos es el resultado de una serie de factores interconectados:
- Financiarización de la vivienda. Los modelos económicos que priorizan el beneficio sobre la equidad social crean mercados especulativos que socavan el acceso a la vivienda para millones de personas.
- Desplazamiento climático. Las respuestas inadecuadas a los desafíos medioambientales a menudo agravan la vulnerabilidad, desplazando en lugar de proteger a las poblaciones en riesgo.
- Desigualdades estructurales. Las desigualdades sociales históricas empujan continuamente a las comunidades marginalizadas hacia situaciones de vida precarias.
Otra causa: protecciones jurídicas insuficientes
Los marcos jurídicos débiles no ofrecen salvaguardas suficientes contra los desalojos, lo que permite que persistan los desplazamientos injustos.
Aunque los gobiernos se han comprometido, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y de la Nueva Agenda Urbana, a prevenir y remediar los desalojos forzosos, la rendición de cuentas sigue siendo limitada y la verdadera magnitud del problema permanece en gran medida invisible. Las voces de las personas más afectadas están ausentes de los espacios donde se toman las decisiones.
Muchos de estos desalojos pueden prevenirse mediante la aplicación y articulación de leyes, instrumentos jurídicos y políticas públicas de protección del hábitat. Existen experiencias que pueden replicarse y fortalecerse, tanto para barrios populares como para situaciones de viviendas individuales o colectivas. Entre ellas se encuentran la protección del hogar familiar; la regularización y la prescripción administrativa de inmuebles en favor de sus habitantes; el reconocimiento del derecho de compra, preferencia o adquisición frente a situaciones de remate; el acompañamiento estatal de los procesos de usucapión y regularización dominial; y la regulación y protección de los alquileres. La intervención pública para la mejora habitacional también es indispensable cuando existen riesgos vinculados con instalaciones deficientes, problemas estructurales, condiciones de inhabitabilidad o afectaciones ambientales. Estas herramientas permiten actuar antes de que se produzca la pérdida de la vivienda y construir alternativas que prioricen la permanencia, la seguridad jurídica y el derecho al hábitat.
Estas políticas pueden complementarse con asesorías legales y equipos interdisciplinarios de intervención ante conflictos habitacionales; instancias de mediación y negociación entre las partes; centros barriales de acceso a la justicia; asistencia jurídica para resolver situaciones sucesorias y sucesiones indivisas; y créditos o subsidios destinados a afrontar los costos de la regularización dominial, los trámites sucesorios o la adquisición de los inmuebles ocupados por las familias. El objetivo es construir una red de herramientas jurídicas, sociales, técnicas y económicas capaz de intervenir tempranamente y evitar que los conflictos culminen en la pérdida de la vivienda.
Abogando por soluciones centradas en la comunidad
Abordar los desalojos forzosos requiere un enfoque proactivo que incluya:
Evaluación exhaustiva de alternativas. Los desalojos solo deben producirse tras la exploración exhaustiva de todas las alternativas posibles. Cuando sean inevitables, las personas afectadas merecen restitución, opciones de reasentamiento y una compensación equitativa.
Recopilación integral de datos. Para combatir eficazmente los desalojos forzosos, es esencial comprender su alcance, causas y condiciones. Los esfuerzos de documentación liderados por las comunidades pueden visibilizar desplazamientos que hasta ahora permanecían ocultos o invisibles.
Un llamado a la acción
Al conmemorar el Mes Mundial del Hábitat este octubre, HIC hace un llamado a sus miembros, socios y aliados para que se unan a los esfuerzos de sensibilización sobre los desalojos forzosos y defiendan el derecho a una vivienda adecuada:
- Comparte tus historias. Visibiliza las experiencias vividas por quienes han sido afectados por desalojos forzosos y aboga por iniciativas que promuevan el acceso a una vivienda asequible.
- Participa en diálogos significativos. Toma parte en debates que prioricen los derechos a la vivienda y eleven las soluciones lideradas por las comunidades para prevenir los desalojos.
- Mantente unido/a. Únete al llamado global para garantizar que nadie sea privado de su hogar y que la rendición de cuentas por los desalojos forzosos se convierta en un estándar no negociable.
Juntos y juntas, al conmemorar el Día Mundial del Hábitat 2026, renovemos nuestro compromiso de garantizar que cada persona tenga derecho a un hogar seguro y digno. Juntos y juntas, podemos desmantelar las estructuras que perpetúan los desalojos forzosos y crear ciudades justas e inclusivas que honren el derecho a la vivienda para todas y todos.
Grace Chikumo Guillermo Marzioni
Presidenta de HIC Vicepresidente de HIC