Esta publicación de Red Hábitat (2014) analiza las respuestas del Estado boliviano para la reconstrucción de viviendas tras desastres climáticos y antrópicos, evaluando si estas soluciones cumplen con los parámetros del Derecho Humano a la Vivienda y Hábitat Adecuados (DHV). El libro se enfoca en dos estudios de caso tras deslizamientos críticos en la ciudad de La Paz.
Nuevo Marco Constitucional: Se destaca que, a partir de la Constitución Política del Estado de 2009 (Art. 19), la vivienda dejó de ser considerada un "accesorio" o mercancía para convertirse en un derecho humano. Esto obliga al Estado a garantizar nueve atributos esenciales: seguridad jurídica de tenencia, disponibilidad de servicios, gastos soportables, habitabilidad, asequibilidad, lugar, adecuación cultural, información/participación y bienes ambientales.
Condominio 26 de Febrero (El Alto): Fue construido para los damnificados del Megadeslizamiento de Callapa de 2011. El estudio identifica que su ubicación en los extramuros de El Alto provocó un fuerte desarraigo, rompiendo vínculos laborales y sociales, además de generar altos costos de transporte y dificultades de acceso a salud y educación.
Condominio Bicentenario (La Paz): Dio respuesta al deslizamiento de Retamani de 2009. Aunque su ubicación cercana al área afectada permitió mantener la vida comunitaria, los beneficiarios enfrentan una gran inseguridad jurídica, pues tras años de ocupación aún no cuentan con títulos de propiedad debido a trabas burocráticas y políticas.
Crítica al Modelo de Gestión: Concluye que el Estado suele aplicar una lógica "mercantil y economicista", entregando departamentos estandarizados bajo la modalidad "llave en mano" sin permitir la participación de los beneficiarios en el diseño o planificación.
El documento enfatiza que el Estado debe transitar de la mera construcción de "paredes y techos" hacia una gestión integral del hábitat con perspectiva de derechos. Recomienda establecer bancos de tierra segura, garantizar la seguridad jurídica mediante la entrega de títulos a nombre de ambos cónyuges (o jefas de hogar) y fomentar el control social en todos los procesos de reconstrucción para asegurar la dignidad de las familias vulnerables.
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