El pasado miércoles 10 de octubre, por unanimidad de votos de los presentes, el Senado convirtió en Ley el proyecto que buscará la urbanización de todos los asentamientos informales en Argentina.
La nueva ley dispone la suspensión de los desalojos durante un periodo de cuatro años para los barrios que fueron relevadas por el Registro Nacional de Barrios Populates (Renabap) entre el 2016 y 2017. Así mismo, se iniciarían labores para expropiar los terrenos donde actualmente se ubican alrededor de cuatro mil asentamientos en condiciones precarias, con el fin de adjudicarlos a sus pobladores.
Se estima que esta ley beneficie a un total de 850 mil familias que habitan en estas zonas, ya que les serán otorgados los títulos y las escrituras para llevar a cabo un proceso de integración urbana que cuente con los servicios básicos necesarios para tener una mejor calidad de vida.
Las instituciones encargadas de llevar a cabo esta tarea serán la Agencia de Administración de Bienes del Estado en conjunto con el Ministerio de Desarrollo, que buscarán “financiar la totalidad de las actividades que resulten necesarias para llevar adelante el objeto de la ley”.
La aprobación de esta Ley representa un logro para los movimientos sociales que desde hace años luchan por los derechos humanos vinculados al hábitat en Argentina.