En el Congreso de la Ciudad de México se avaló un punto de acuerdo en el que se advierte a las autoridades de Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo por el “riesgo inminente y violatorio de derechos humanos” que significan los desalojos y despojos forzados contra varias familias en dichas alcaldías.
Desalojad@s de la #CDMX logran punto de acuerdo en el @Congreso_CdMex.#DerechoalaVivienda#DerechoalaCiudad pic.twitter.com/1RFUl4ZqnF
— Habitat International Coalition AL (@HIC_AL) March 26, 2019
De acuerdo con el documento, se exige una mesa de trabajo con las autoridades de las tres alcaldías con los ciudadanos afectados para atender el fenómeno de despojos y desalojos forzados en los que se violan derechos humanos.
Congreso de la Ciudad de México@Congreso_CdMex#AlMomento | Piden diputados de la CDMX instalar mesa interinstitucional con ciudadanos afectados por despojos y desalojos realizados en diversas alcaldías de la capital. Propuesta del diputado @faboitiz (PES) y presentada por la diputada @MarthaSoledadv2.
El 14 de marzo, EconomíaHoy publicó la historia de la señora Rufina Galindo, quien quedó en medio de una disputa por la propiedad de un edificio en el Centro de la Ciudad de México, ya que tiene que lidiar con invasores enviados por un presunto heredero del inmueble que no ha podido comprobarlo por los medios legales.
Por lo anterior, desde febrero de este año tiene que lidiar con amenazas ya que hay un vacío legal que la deja desprotegida.
Cabe mencionar que en la Ciudad de México existe un marco legal que defiende a las personas contra desalojos forzosos y que se estableció en el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, publicada el 8 de febrero y fue impulsada por diversas organizaciones civiles y vecinales que se articularon frente al incremento de desalojos irregulares, publicó Cencos.
Dicho artículo establece que los desalojos sólo podrán llevarse a cabo en casos excepcionales, deberá evitarse o minimizar el uso de la fuerza, indemnizarse a los afectados en caso de ser privados de bienes o sufrir pérdidas inmateriales, garantizarles un debido proceso y reubicar a personas sin recursos.
Por lo anterior varias organizaciones realizaron un llamado a las autoridades del nuevo gobierno, encabezado por Claudia Sheinbaum para hacer valer la nueva ley y con ello poner freno a los abusos de autoridades e inmobiliarias que atentan contra el derecho a la vivienda.