No son asentamientos informales, son barrios y ciudades hechos por la gente – Lorena Zárate

Según las Naciones Unidas, al menos un tercio de la población urbana global sufre de condiciones de vida inadecuadas. Las principales características normalmente incluidas en la definición de los llamados asentamientos informales son la falta de acceso a servicios básicos (agua potable, saneamiento, energía, recolección de residuos y transporte), la mala calidad estructural de la vivienda, el hacinamiento, la ubicación en lugares peligrosos y la tenencia insegura (ONU-Hábitat 2003, 2016).

Pocos países pueden afirmar que no tienen asentamientos informales; así, aunque el número de personas que viven en ellos varía en gran medida dependiendo de la región, son reconocidos como un fenómeno global. Las condiciones difíciles mencionadas anteriormente ahora afectan hasta el 60 por ciento de la población urbana del Sur Global, y aún más en algunas ciudades del África al sur del Sahara y del sudeste asiático. Se espera que el número de personas afectadas en estos lugares se duplique en las próximas dos décadas. También se observan altos porcentajes en varios países árabes y al menos el 25 por ciento de la población urbana de América Latina vive en zonas informales. Viviendas precarias, condiciones de vida inadecuadas y crecimiento de la población en situación de calle también se pueden encontrar en Europa, América del Norte, Australia y Nueva Zelanda, afectando en promedio a una de cada diez personas (ONU-Hábitat 2016).

Asentamientos informales, barrios de tugurios, favelas, villas miseria, bidonvilles, slums y muchos otros nombres se usan generalmente para referirse a estos barrios en muchos sentidos pobres y precarios. En términos generales, todas estas denominaciones resaltan sus características negativas y claramente llevan implícitas connotaciones peyorativas. Por extensión, las palabras usadas para describir las condiciones físicas de los asentamientos también tienden a aplicarse injustamente a sus habitantes. A pesar de lo que los marcos normativos puedan decir respecto a que todas las personas son iguales ante la ley y el estado, las y los habitantes de zonas ‘informales’ son generalmente tratados como ciudadanas y ciudadanos de segunda clase.

En documentos académicos y gubernamentales, la etiqueta de “asentamiento informal” se aplica típicamente a estas áreas. La razón principal para designarlas como “informales” es que no cumplen con las normas de construcción, los códigos de propiedad y/o la normativa urbanística. También definidas como “marginales” e “irregulares”, en muchos casos son consideradas casi automáticamente “ilegales”, y sus habitantes sufren a menudo criminalización, desplazamiento y persecución.

El Objetivo de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas de reducir la población viviendo en barrios marginales para 2020 se tradujo trágicamente en la presión para destruir las viviendas de construcción propia de miles de personas e incluso para encarcelar a las y los líderes sociales de movimientos urbanos en varios países (para un análisis crítico de la iniciativa “ciudades sin tugurios” y por qué el lenguaje importa, ver Gilbert 2007). Desde la India a Sudáfrica a Ecuador, en las últimas décadas se han realizado cambios legales y administrativos para otorgar poderes de inspección y demolición especiales a gobiernos locales, provinciales y nacionales para hacer frente a estos barrios y, en teoría, para evitar que crezcan. En muchos casos, las leyes y regulaciones ambientales y/o los proyectos urbanos se utilizan como excusas para destruirlos.

Al mismo tiempo, estas áreas se presentan con frecuencia como “vacías”, coloreadas como grises o verdes en los mapas2. No tener una dirección oficial (nombre de calle y número de casa) es un gran obstáculo para poder satisfacer otras necesidades y derechos: solicitar un empleo, enviar a las y los hijos a la escuela, ser admitida en los sistemas de salud, o votar en las elecciones, entre muchos otros. La invisibilidad y la estigmatización de las y los ciudadanos que viven en ciertos barrios va de la mano con la pobreza, la exclusión y la discriminación, que así se perpetúan a sí mismas. La exclusión social a menudo significa segregación espacial, y viceversa.

Siguiendo una tradición que muy probablemente comenzó antes de mediados del siglo XIX en algunas ciudades inglesas en proceso de industrialización y alta migración rural, nuestros medios de comunicación contemporáneos todavía representan a menudo a las y los habitantes de asentamientos informales como”perturbadores, ladrones, perezosos”. Es difícil encontrar historias positivas sobre sus luchas diarias por mejores condiciones de vida, sus derechos y su dignidad.

Necesitamos urgentemente comenzar a utilizar otro enfoque para comprender y apoyar la ciudad producida por la gente; o, en otras palabras, el sector social que ha producido más viviendas que los sectores público y privado juntos.

Cuestionando la dicotomía formal/informal

La etiqueta de “asentamientos informales” no refleja ni considera las muchas variaciones y características que presentan estos asentamientos populares en diversas partes del mundo. Utilizar los términos “tugurios” o “asentamientos informales” para describir a Kibera en Nairobi y Rocinha en Río de Janeiro no parece apropiado cuando, con sólo mirar algunas fotos, cualquiera puede decir que presentan muchas diferencias en cuanto a calidad y durabilidad de la vivienda, materiales empleados y acceso a servicios básicos e infraestructura, por mencionar algunos de los contrastes más visibles. Podemos luego consultar las estadísticas y darnos cuenta de que mientras las y los cariocas de Río tienen baños privados en cada vivienda, sus contrapartes al otro lado del océano sólo tienen mil baños públicos por cada 180.000 personas.

Asimismo, la clasificación general de tales áreas como “asentamientos informales” no indica su importancia ni sus contribuciones económicas y culturales a las ciudades en las que se ubican. No reconoce que muchos de estos barrios se han convertido en comunidades consolidadas con viviendas sustancialmente sólidas. Ignora la segregación espacial en la ciudad, la falta de acceso a servicios asequibles y transporte público, así como a lugares de empleo, escuelas, hospitales y otros servicios e instalaciones básicas. Se pasa por alto el acceso limitado a recursos financieros como créditos y subsidios, o la falta de asistencia técnica y los materiales adecuados necesarios para la consolidación de viviendas, edificios comunitarios e infraestructura.

Las dificultades para definir un fenómeno tan variado y dinámico como los “asentamientos informales” se invocan a menudo para justificar el uso continuado de un término genérico que se enfoca más en lo que no son que en lo que son (Connolly 2007). Las y los académicos han estado discutiendo la falsa dicotomía formal/informal como un tipo de “diferenciación discursiva” que da forma y promulga prácticas y relaciones de poder en determinadas regiones. Muchas de ellas y ellos argumentan que las clasificaciones binarias son claramente insuficientes para reflejar la complejidad de los procesos de poblamiento; simultáneamente, estas clasificaciones ocultan la responsabilidad de los organismos para producir informalidad (Roy 2009; Yiftachel 2009; Wigle 2014).

Definir lo que es formal y regular, y cambiar estas definiciones a lo largo del tiempo de acuerdo con los intereses políticos, permite a los gobiernos mantener estos asentamientos en una zona “gris” de negociación permanente que hace a sus habitantes más vulnerables a las prácticas clientelares (intercambios de bienes y servicios a cambio de apoyo político), que son particularmente intensas durante los períodos electorales.

Evaluaciones académicas de los programas de regularización implementados en América Latina han demostrado las restricciones y limitaciones de los dos principales paradigmas que se han aplicado durante las últimas décadas (Fernandes 2011). Por un lado, está el enfoque estrecho que se enfoca en la legalización de la tenencia de la tierra/vivienda mediante titulación, inicialmente adoptada en el Perú; por otra parte, existe el ejemplo brasileño que también incluye la mejora de los servicios y la infraestructura comunitaria. Varios estudios han demostrado que la formalización de la tenencia vía títulos legales ha tenido un impacto limitado en el acceso al crédito y la mejora de las condiciones materiales en el barrio. En el ejemplo brasileño, parece haber una mejora de las condiciones de vida en las favelas, pero esto ha llevado al aumento de los precios de la tierra y los alquileres, haciendo la vivienda menos asequible para las personas que3 más la necesitan .

Algunas autoras a la vez discuten cómo la falsa dicotomía formal/informal “también conlleva una visión a-crítica de las áreas de asentamiento [consideradas] regulares” (Wigle 2014). Las irregularidades en el acceso a los servicios urbanos, las zonificaciones de uso del suelo y otras normas de planificación en barrios ricos generalmente no son castigadas, y en muchos casos son incluso celebradas como “inversiones” positivas.

En base a tales consideraciones, es posible afirmar que formal/informal y regular/irregular son categorías siempre cambiantes y que se definen mutuamente, o, dicho de otro modo entidades no fijas y constrastantes. Aún más, mientras que muchos asentamientos ‘informales’ pueden llegar a ser formalizados con el correr del tiempo, algunos proyectos de vivienda y programas de mejoramiento de barrios en origen ‘formales’ pueden terminar mostrando cualidades informales. En ese sentido, es crucial siempre tener en mente cuestiones fundamentales como quién tiene el poder de asignar esas etiquetas, a quién, o bajo qué condiciones, por cuánto tiempo y por qué/en qué circunstancias se pueden cambiar.

En definitiva y sobre todo, estas clasificaciones no nos permiten analizar algunas de las causas profundas, estructurales, que explican la creación de asentamientos precarios e inadecuados. Entre muchas otras, se podrían mencionar la expulsión de campesinas/os y pueblos indígenas de áreas rurales debido a la falta de apoyo gubernamental para la pequeña y mediana agricultura y sus medios de vida; la falta de mecanismos para controlar el acaparamiento de tierras y la especulación; los desalojos y desplazamientos vinculados a conflictos sociales por tierras y recursos naturales o desastres causados por la actividad humana; proyectos problemáticos y altamente disputados de renovación urbana y “desarrollo”; la falta de instalaciones y servicios comunitarios; la falta de políticas de tierra y vivienda asequible4, y la privatización de la vivienda pública; el crecimiento de la desigualdad5; la vulnerabilidad social y los trabajos mal pagados y desprotegidos; la falta de oportunidades para la juventud; y la discriminación y marginación que sufren determinados grupos. Sin considerar estas causas, ¿cómo podemos revertir estas tendencias y encontrar las soluciones necesarias?

La ciudad producida por la gente: cómo entenderla y apoyarla

Las académicas y académicos no son los únicos que han estado cuestionando este negativo y limitado enfoque. Desde hace más de cincuenta años, movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, profesionales comprometidos/as y activistas por los derechos humanos han estado analizando y apoyando estos procesos desde un punto de vista diferente y crítico.

Estas iniciativas se aglutinan en torno a lo que se ha denominado producción y gestión social de hábitat. Se pretende así destacar las características positivas y transformadoras de los habitualmente etiquetados como “asentamientos informales”, enfatizando los procesos impulsados por y centrados en las personas que producen y gestionan viviendas, aldeas, barrios, e incluso gran parte de las ciudades. Puede encontrarse en entornos rurales y urbanos, en iniciativas que van desde espacios habitables individuales/familiares, de auto-construcción, a producción y manejo colectivo de equipamientos y servicios que involucran altos niveles de organización y articulación, amplia participación, alianzas y capacidad de negociación e incidencia frente a actores e instancias públicas y privadas. Este desarrollo ocurre en general con muy poco o ningún apoyo externo y, a menudo, a pesar de una gran cantidad de obstáculos económicos e institucionales (Ortiz y Zárate 2002).

En las últimas décadas, la Coalición Internacional del Hábitat (HIC, por sus siglas en inglés) y otras redes internacionales han estado documentando algunas de estas iniciativas colectivas en varias partes del mundo . Diferentes tipos de grupos sociales organizados (movimientos sociales, cooperativas, federaciones de inquilinos, organizaciones de mujeres, colectivos indígenas, grupos de jóvenes, etc.) llevan décadas impulsando experiencias innovadoras que cubren una amplia gama de actividades: acceso a suelo, construcción de viviendas e infraestructura básica, producción de alimentos, gestión responsable de los bienes comunes (agua, bosques y áreas verdes, espacios públicos e infraestructura comunitaria); emprendimientos para la generación de ingresos; capacitación y promoción de la equidad de género, los derechos humanos y la identidad cultural.

El factor subyacente y esencial es que estas iniciativas y proyectos consideran la producción de vivienda y hábitat humano como un proceso social, no sólo ni simplemente como un producto material. El esfuerzo colectivo por construir y producir un lugar para vivir no es un mero objeto de intercambio; es una combinación de diferentes tipos de conocimientos, experiencia, materiales y otras contribuciones en especie de una amplia gama de actores e instituciones, y no es algo que uno pueda comprar. Es una relación social y no una mera mercancía.

Es por todo ello que en lugar de “asentamientos informales” preferimos entenderlos y describirlos como prácticas y luchas sociales que no sólo construyen casas y barrios como elementos físicos sino también, y quizás aún más importante, construyen una ciudadanía activa y responsable, luchan contra la marginación y la segregación social y urbana, ejercen la democracia directa y mejoran los medios de vida individuales y comunitarios, así como la convivencia social y autoestima de las y los participantes (Ortiz y Zárate 2004). En pocas palabras: la ciudad producida por la gente, que cambia el entorno a la vez que nos cambia como personas.

A su vez, cuando están organizados, reconocidos y apoyados por el Estado con los mecanismos legales, administrativos, financieros y técnicos apropiados, estos procesos tienen un impacto positivo tanto a nivel micro como macroeconómico. Dado que las estadísticas oficiales no suelen medir estos esfuerzos colectivos, las y los miembros de HIC han promovido proyectos de investigación y difusión con diferentes instituciones académicas para hacerlo. Los hallazgos muestran que en lugares tales como Brasil o México la producción social del hábitat representa una constante contribución de alrededor del 1 por ciento del PIB, incluso en tiempos de graves crisis económicas cuando los actores públicos y privados reducen considerablemente sus inversiones. También explican las múltiples formas en que estas iniciativas sociales activan y fortalecen varios circuitos de la economía local, tanto a pequeña como a mediana escala, utilizando materiales de construcción, mano de obra y servicios profesionales (Torres 2006).

Al mismo tiempo, y gracias a sus propuestas innovadoras y resultados concretos, diversas personas y organizaciones comprometidas con la producción social del hábitat han influido en la re-orientación de las políticas de vivienda y desarrollo urbano, así como contribuido a cambios en instrumentos legales, financieros y administrativos relevantes para la vivienda social, los procesos auto-gestionados, la seguridad de tenencia, la atención a sectores de bajos ingresos y el cuidado ambiental, entre muchas otras cuestiones.

Aunque todavía son limitados en alcance y recursos disponibles, los casos de Uruguay, Brasil, México y algunos países centroamericanos deben ser destacados en este sentido. Con diferentes énfasis y características, las propuestas de movimientos sociales, cooperativas de vivienda, organizaciones no gubernamentales, profesionales y sectores académicos en esos países han creado, con el tiempo, un sistema de apoyo a la producción social del hábitat que incluye leyes nacionales, programas y presupuestos públicos, y acceso a la tierra y la asesoría técnica7.

La producción social del hábitat como realización de derechos humanos

Reconocer y apoyar la capacidad de la gente para transformar su hábitat no significa pasar por alto y olvidar las obligaciones y compromisos de los gobiernos hacia sus ciudadanas/os y habitantes (Schechla 2004). Los movimientos y proyectos para la producción social del hábitat llenan los vacíos que quedan de la falla del Estado en cuanto a respetar, proteger y realizar los derechos humanos, en particular el derecho a una vivienda adecuada y otros derechos conexos: a la propiedad, el agua y el saneamiento, la participación, la no discriminación y la autodeterminación, por mencionar unos pocos. Además, el derecho a producir y gestionar asentamientos humanos es uno de los componentes estratégicos del derecho a la ciudad (Zárate 2016), ahora incluido como elemento relevante dentro de la Nueva Agenda Urbana.

De acuerdo con los compromisos internacionales que han suscrito, los gobiernos (tanto a nivel nacional como subnacional, incluyendo autoridades regionales, provinciales y locales) están obligados a abstenerse de los desalojos forzosos, la confiscación y represión de las y los defensores de los derechos humanos, la discriminación, la corrupción, la retención de servicios y otras violaciones similares. Las instituciones y funcionarios deben evitar acciones que obstruyan la producción social de vivienda, en particular a través de la demolición y el desplazamiento. Cuando el reasentamiento es la única opción disponible (debido a una ubicación propensa a desastres o un problema similar), la participación de la comunidad y las familias afectadas es obligatoria para acordar los detalles del proceso y la negociación del reasentamiento adecuado (incluido el suministro de refugio en un lugar cercano para no afectar los medios de vida y las redes sociales/de cuidado y apoyo), así como justas medidas de remuneración y compensación8. Los Estados deben proporcionar salvaguardias y garantías de que no se hará uso innecesario ni desproporcionado de la fuerza. Adicionalmente, el Estado debe procesar a los infractores y garantizar alivio y remedio efectivo para las víctimas. Las medidas que impiden, niegan o reprimen los derechos de asociación, participación y libre expresión de las y los habitantes también se consideran violaciones vinculadas al derecho a la vivienda adecuada.

• El Estado posee capacidades únicas para asegurar, reconocer y apoyar los esfuerzos individuales y comunitarios. En ese sentido, son fundamentales las políticas, programas, instituciones y presupuestos que permiten la producción social del hábitat, incluyendo aquellos que garantizan acceso a:
• tierra/suelo en buenas localizaciones;
• seguridad de tenencia, priorizando las necesidades y derechos de las mujeres en el
• acceso a servicios e infraestructura;
• recursos y esquemas financieros adecuados (créditos, subsidios y ahorros, reconociendo las contribuciones en especie hechas por las y los participantes);
• asistencia técnica profesional;
• información, materiales y tecnología; y
• formación multisectorial e intercambio de experiencias.

Una Nueva Agenda Urbana 2016-2036: ¿cambio de paradigma?

La Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (conocida como Hábitat III) tuvo lugar en Quito, Ecuador, en octubre de 2016 . Durante casi tres años, múltiples actores e instituciones, incluyendo gobiernos nacionales y locales, movimientos sociales y redes de la sociedad civil, organizaciones de jóvenes y de mujeres, académicos, profesionales, periodistas, así como organismos de las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales participaron en debates, declaraciones y documentos que proporcionaron insumos para el resultado principal de la conferencia: la llamada Nueva Agenda Urbana.

Un conjunto inicial de materiales escritos, los textos temáticos (o Issue Papers en inglés) se produjo durante el primer semestre de 2015 y se ocupó de veintidós temas relevantes. Uno de esos estuvo dedicado a los ‘asentamientos informales’, e intentó proporcionar definiciones de palabras clave (aunque sin mencionar ninguna crítica o limitaciones), algunas cifras y datos globales actualizados, así como recomendaciones relevantes. En ese marco, y en sus propios términos, esos “impulsores clave para la acción” incluyeron los siguientes temas:

• el reconocimiento de los asentamientos informales, los desafíos de los tugurios y la transversalización de los derechos humanos;
• el liderazgo de los gobiernos (centralidad de la actuación pública) a la hora de afrontar estos desafíos;
• el enfoque sistémico y a escala urbana-territorial;
• la vivienda ‘en el centro’ de la estrategia urbana y territorial;
• la inversión financiera adecuada a largo plazo y opciones de financiación inclusivas;
• el desarrollo de procesos participativos, robustos, estandarizados e informatizados de recolección de datos;
• la creación de plataformas de aprendizaje.

Aunque podrían no ser suficientes, cada uno de estos asuntos es fundamental y las áreas de acción previstas reflejan ciertamente muchas de las preocupaciones y propuestas que la sociedad civil y las organizaciones sociales han defendido. Sin embargo, estos importantes análisis y recomendaciones no lograron llegar a la segunda ronda de documentos oficiales, los llamados documentos de política (o Policy Papers) producidos en febrero de 2016. Ninguno de esos diez documentos trata exclusivamente el tema de los asentamientos informales y, en términos generales, su contenido no parece tener en cuenta los conceptos ni los ‘impulsores clave’ discutidos en los documentos anteriores.

A la vez, y como resultado directo de los esfuerzos de promoción y las propuestas concretas hechas por una amplia gama de organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales, la Declaración del evento temático preparatorio sobre Financiamiento para el Desarrollo Urbano desarrollado en la Ciudad de México en marzo de 2016 incluyó una definición y análisis más precisos, así como un conjunto de recomendaciones de política pública para apoyar la producción social del hábitat. Un mes más tarde, se celebró en Sudáfrica una reunión oficial sobre “asentamientos informales” de la cual surgieron recomendaciones claras y sólidas sobre elementos relevantes tales como política de suelo (desarrollo equilibrado y planificación urbana), protección contra los desalojos, participación y programas de mejora de barrios in situ, entre otros. Sin embargo, una vez más, en la Declaración de Pretoria no se incluyó una revisión crítica del concepto ni se propusieron definiciones alternativas.

Finalmente, el texto de la Nueva Agenda Urbana adoptado por los gobiernos nacionales en la Conferencia de Hábitat III incluye numerosas recomendaciones y compromisos “para asegurar que los barrios marginales y los asentamientos informales están integrados en las dimensiones sociales, económicas, culturales y políticas de ciudades ”(véanse los párrafos 3, 20, 25, 27, 77, 97, 107, 109 y 110 para detalles específicos), pero sólo hay dos referencias muy limitadas a la producción social del hábitat (apartados 31 y 46).

El mejoramiento de los barrios precarios (slum upgrading en inglés) es también uno de los compromisos explícitos incluidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 201510. El llamado objetivo urbano (número 11) busca “hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. Dentro de ese marco, y considerando el 2030 como fecha límite, para lograr esos objetivos las autoridades nacionales y los gobiernos locales deben:

• Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles, y mejorar los barrios marginales (11.1);
• Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas mayores (11.2);
• Mejorar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países (11.3);
• Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo (11.4);
• Reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad (11.5);
• Reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo (11.6);
• Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas mayores y las personas con discapacidad (11.7);
• Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, peri- urbanas y rurales, fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional (11.a);
• Aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la resiliencia ante desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015–2030, la gestión integral del riesgo de desastres a todos los niveles (11.b);
• Apoyar a los países menos desarrollados, incluso a través de asistencia financiera y técnica, en la construcción de edificios sostenibles y resistentes utilizando materiales locales (11.c).

Ciertamente estamos ansiosas por ver todos esos objetivos cumplidos y sabemos que para ser capaces de avanzar en esa dirección será necesario reconocer y apoyar las luchas y esfuerzos de miles de comunidades alrededor del mundo.

Está claro que no vamos a resolver los problemas y desafíos existentes aplicando los mismos paradigmas que los crearon. Cambiar las palabras significa cambiar los conceptos; cambiar los conceptos significa cambiar la forma en que comprendemos (o no) fenómenos complejos y somos (o no) capaces de transformarlos de forma progresiva. Llevar las voces de las comunidades a los debates y la toma de decisiones para mostrar sus logros y desafíos seguirá siendo una de nuestras principales tareas.

Ni informales ni irregulares; estos son, antes que nada y sobre todo, asentamientos humanos. O incluso mejor, son los barrios y las ciudades producidas por la gente —por mujeres, hombres, de todas las condiciones, edades y opciones, que reclaman sus derechos a vivir, construir y transformar la ciudad y los territorios que habitan.

 

_{1 Presidenta de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC) e integrante del equipo de apoyo de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad. La versión original de este texto (en inglés) fue incluida en el libro Urban Latin America. Inequalities and Neoliberal Reforms, editado por Tom Angotti y publicado por Rowman & Littlefield, Maryland, USA, 2017. Una versión anterior de este capítulo apareció en el blog The Nature of Cities en abril 2016 https://www.thenatureofcities.com/2016/04/26/they-are- not-informal-settlements-they-are-habitats-made-by-people/ (consultada el 24 de julio de 2019). Esta versión en español estuvo a cargo de la autora.}

_{2 Ver artículo de Francisca Rojas en el blog del Banco Interamericano de Desarrollo, “Los barrios en invisibles que la tecnología digital nos ayuda a revelar”, 13 de marzo de 2014, disponible en https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/tecnologia-digital- al-rescate-de-los-barrios-invisibles/ (consultado el 24 de julio de 2019).}

_{3 Según medios de comunicación, el valor de una casa en una favela de Río con vistas a una de sus muchas bahías maravillosas podría llegar a costar medio millón de dólares estadounidenses; los rumores dicen que estrellas de Hollywood y del fútbol las están comprando. Para noticias relacionadas con este fenómeno ver ‘The Rio favela transformed into prime real state’, Jonathan Watts, 23 de enero de 2013, disponible en https://www.theguardian.com/world/2013/jan/23/rio-favela-real-estate; o ‘’David Beckham ruined my favela!’ Slum-dwellers attack star after Rio shanty-town turns into luxury enclave because of rumours he had bought a ‘trendy shack’, Matt Roper, 27 de enero de 2015, disponible en https://www.dailymail.co.uk/news/article-2927065/ David-Beckham-ruined-favela-Slum-dwellers-attack-star-shanty-town-turns-luxury-enclave-rumours-bought-trendy-shack.html (ambas consultadas el 24 de julio de 2019).}

_{4 En su informe, ONU-Hábitat afirma que “desde mediados de la década de 1990, la vivienda para la mayoría pobre ha tenido poca prioridad en la mayor parte de los países en desarrollo, ya que éstos han reducido su actividad habitacional. El involucramiento de los gobiernos se ha centrado en ayudar a la clase media a lograr la propiedad de la vivienda en un sector formal que sólo ella se puede permitir ”(ONU-Hábitat 2016, p.52).}

_{5 Según ONU-Hábitat y la Corporación Andina de Fomento, 2016.}

_{6 Para más información ver https://hic-al.org/informate/publicaciones-articulos-noticias-y-libros-de-nuestra-coalicion/libros-hic- al/ y http://www.hic-gs.org/habitatthemes.php (consultadas el 24 de julio de 2019).}

_{7 Para Uruguay, ver en particular el trabajo impulsado desde hace medio siglo por la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM). En el caso de Brasil se puede consultar el trabajo de la Uniao Nacional por Moradia. Popular y otras organizaciones bajo el programa Minha Casa Minha Vida, financiado por el gobierno brasileño. En México, la Red Nacional de Productores Sociales del Hábitat se aglutinó hace varios años con un enfoque en la promoción y proyectos específicos que todavía están en marcha, mientras que la Coordinadora Centroamericana Autogestionaria de la Vivienda Solidaria (COCEAVIS) avanza en el fortalecimiento de un movimiento cooperativo en la región.}

 

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