La expansión de la pandemia COVID-19 en Guatemala agrava condiciones estructurales e históricas de empobrecimiento, racismo, discriminación y violencia contra las mujeres.
En el corto plazo, se generan nuevos problemas y riesgos: hay familias que no pueden pagar el alquiler del cuarto donde viven, se pierden empleos, se multiplica la desnutrición crónica por la coincidencia de la pandemia con el fin de las reservas alimentarias para muchas familias, se incrementa la pobreza.
La carestía de servicios básicos (agua, luz, comunicaciones) y el veto gubernamental al decreto que permitía aplazamiento de pagos hace insostenible para muchas personas la simple sobrevivencia.
La falta de garantía del derecho a una vivienda digna, adecuada y saludable limita la capacidad de las personas y comunidades de enfrentar la pandemia, especialmente en asentamientos urbanos y áreas rurales en situación de pobreza y pobreza extrema. Cuando las personas carecen de vivienda propia adecuada, agua o jabón, se hace difícil cumplir con las medidas de salud. Se sabe el caso de comunidades urbanas donde las personas tienen que eludir el toque de queda y movilizarse afuera de sus casas, porque el agua llega -apenas un hilito- al chorro comunitario solamente algunas madrugadas.
Las condiciones de hacinamiento y falta de agua hacen imposible la protección contra la enfermedad. Según el Censo de Población y Vivienda 2018, en el 29% de los hogares las personas cocinan en el mismo lugar donde duermen, el 44% de hogares cuenta con un solo dormitorio, el 28% de hogares dispone de un solo cuarto para realizar todas sus actividades. El mismo Censo describe que el 41% de hogares carece de acceso a agua por medio de tubería dentro de la vivienda (por tanto, deben desplazarse fuera del hogar) y el 2% de hogares accede a agua exclusivamente cuando llueve.
En el mismo sentido, la pobreza y pobreza extrema que afecta a la mayoría de la población impide la autoprotección y el resguardo (Quédate en casa) porque las personas salen todos los días a trabajar para procurar su sustento. En Guatemala, según datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014, el 59.3% de la población a nivel nacional, el 76.1% en el área rural y el 79.2% de la población indígena vive en situación de pobreza. De este porcentaje, el 23% de la población a nivel nacional, el 35.3% en el área rural y el 39.8% identificada como población indígena, vive en situación de pobreza extrema.
Las medidas de aislamiento que se proponen para detener la enfermedad, si bien tienen una lógica y son necesarias desde el punto de vista de la salud colectiva (protegernos a nosotros mismos y proteger a los demás) se contradicen con las condiciones de pobreza existentes.
Hoy estamos pagando, en su máxima expresión y crueldad, las consecuencias de años de gobiernos que no han construido políticas públicas que resuelvan demandas fundamentales de la población. No existen políticas de vivienda que sirvan para la inmensa mayoría de la población en el área urbana y rural y que permitirían en estos momentos el distanciamiento y el resguardo.
El Estado guatemalteco es muy débil, responde apagando fuegos o con lógicas de corrupción. Durante esta emergencia vemos que se siguen utilizando procedimientos clientelares en el otorgamiento de ayudas. No hay transparencia en la elaboración de listados de beneficiarios ni garantía de que la escasa ayuda prometida llegue a quien más lo necesita, además de que las medidas sociales anunciadas son totalmente insuficientes. Las autoridades comunitarias y las organizaciones sociales en cada territorio deben ser un interlocutor para definir criterios de ayuda y monitorear la ejecución de fondos con transparencia. Sin embargo, no existen canales de comunicación y diálogo en el nivel local.
Por otro lado, existen programas que no están funcionando como deberían, por limitaciones presupuestarias o de capacidad de ejecución, y que son fundamentales en esta coyuntura. Por ejemplo, programa para diversificación productiva, micro riego, acceso a agua, acceso a tierra, fomento de la economía campesina y la agricultura familiar, entre otros.
Es difícil que este Estado y esta institucionalidad reaccionen y se sensibilicen. Es la población y los sectores movilizados quienes tenemos que fortalecer nuestra organización y buscar soluciones a nuestras necesidades. Por ello la FODHAP plantea:
Realizar auditoría social permanente, desde el nivel comunitario hasta el nacional, puesto que existen denuncias de que las ayudas están siendo politizadas y el presupuesto del Estado se sigue utilizando para el beneficio personal de los funcionarios.
Exigir que todas y todos los funcionarios se comporten con parámetros de ética y probidad, orientando su accionar hacia el bien común y garantizando que los recursos disponibles se distribuyan a la población necesitada.
Exigir que los gobiernos municipales tomen medidas y asuman mayor protagonismo durante esta crisis en coordinación con la sociedad civil y autoridades comunitarias, en el marco del desarrollo del Código Municipal y la Ley del Sistema de Consejos de Desarrollo.
Promover la participación de las autoridades comunitarias reconocidas, rurales y urbanas, en la definición de planes de acción, especialmente para conocer las demandas y necesidades, elaboración de listados de beneficiarios fidedignos, que prioricen la entrega de alimentos y recursos para las personas que realmente lo necesiten. En cada territorio, respaldamos el accionar de la población organizada y sus autoridades legítimas.
Construir o fortalecer las redes de apoyo existentes, que permitan identificar situaciones de necesidad y responder a ellas con los recursos complementarios de varias organizaciones, garantizando alimentación y salud como prioridades.
Prestar atención a la situación de mujeres y niñez. En estas condiciones de aislamiento y estrés, se agudizan las agresiones y se incrementa el trabajo de las mujeres.
La evolución de la pandemia es impredecible, aunque podemos esperar consecuencias negativas profundas, en el corto, medio y largo plazo, con la profundización de la pobreza y la posibilidad de estallidos sociales por falta de alimentación y posibilidades de trabajo. En este contexto las organizaciones que conformamos la Federación de Organizaciones para el Desarrollo del Hábitat Popular, FODHAP, manifestamos que la vivienda es un derecho pero también una solución frente a esta pandemia, y reafirmamos nuestro compromiso para garantizar el acceso de toda la población a un hábitat digno, adecuado y saludable.
Federación de Organizaciones para el Desarrollo del Hábitat Popular, Guatemala, 30 de abril de 2020.