En conferencia de prensa, las Diputadas Martha Avila y Valentina Batres junto con el Diputado José Luís Rodríguez del Grupo Parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional del Congreso de la Ciudad de México, anunciaron que haría suya una iniciativa de la sociedad civil para garantizar que los conflictos entre arrendatarios y arrendadores que se den en el marco de la pandemia derivados de la crisis económica que afecta de manera directa a un porcentaje importante de familias del país, puedan ser resueltos de manera clara y equilibrada. La iniciativa fue diseñada por la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat, el Movimiento Urbano Popular, 06000 Plataforma Vecinal y Observatorio de la Colonia Juárez, la Red de desalojos de la Ciudad de México, así como Miguel Anguas y Kalycho Escoffié, activistas en derecho a la vivienda y respaldada por académicos como Lucia Alvarez (CEIICH-UNAM), Jorge Andrade Narváez (UAM-X), Antonio Azuela (IIS-UNAM), María de Lourdes García (Laboratorio Hábitat Social: participación y género LAHAS/UNAM), Rosalba González Loyde (Facultad de Ciencias Políticas-UNAM), Roberto Eibenschutz (UNA-X) y por 15 organizaciones entre las cuales destacan: Buen Hábitat para el Buen Vivir; CEJUDESC; Colectivo vivienda, discapacidad e inclusión; Comunidad Nueva; Cooperación Comunitaria A.C.; Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C.; Comité Nacional Ciudadanos Organizados A.C.; Comité 68 Pro libertades democráticas; A.C; Frente Nacional de Organizaciones Sociales para la Cuarta Transformación de México; Luchemos; Frente Popular Francisco Villa Mexico siglo XXI; Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.; Movimiento Autónomo Zapatista (MAZ), Luchemos, Ruptura Colectiva; y Unión Popular Valle Gómez.
Las organizaciones solicitaron que la propuesta se presente a la Comisión permanente y sea turnada a la o las comisiones correspondientes, para después ser presentada al pleno del congreso de la Ciudad de México, discutida y votada a favor.
La propuesta consiste en cambios y adhesiones al Código Civil de la Ciudad de México con el objetivo de equilibrar la relación entre arrendatarios y arrendadores sin prejuzgar sobre a quién debe dársele la razón en caso de surgir conflictos en casos concretos ni poner en entre dicho los derechos de los propietarios. De llevarse a buen puerto esta iniciativa de reforma; cuestión que estamos seguros el grupo Parlamentario de Morena y los otros priorizaran y aprobaran dada la emergencia, la legislación de la capital federal sería ajustada a los estándares internacionales del derecho humano a la vivienda adecuada, según han indicado distintas instancias de la Organización de las Naciones Unidas, y se pondría al mismo nivel de otras legislaciones en materia inquilinaria, que tienen años existiendo en otros Estados de la República y en diferentes continentes.
Por ejemplo, se prevé que, en contextos excepcionales como la actual pandemia, las personas inquilinas puedan solicitarles a los propietarios la construcción de común acuerdo de un arreglo o negociación –que dependerán de la voluntad mutua- para así, ajustar los términos del contrato con el objetivo de afrontar esta crisis de inconmensurables proporciones que amenaza la estabilidad de muchos hogares, de tal manera que el diálogo privilegie y pondere por encima de cualquier controversia la voluntad del construir mecanismos de solución y un arreglo entre las partes afectadas. Así, se contempla que las partes puedan hacer uso de los aparatos de mediación ya previstos en la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal, hoy CdMx.
También, se contempla para los casos en los que el desalojo de los inquilinos sea inevitable que: cuando en la vivienda desalojada habiten personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia, embarazadas, personas indígenas, inmigrantes, personas en asentamientos informales, niñas, niños, y otros grupos que así lo requieran, el desalojo se realice con la presencia de personal que brinde la asistencia psicosocial o de cualquier otro carácter, pertenecientes a las instituciones encargadas de atender su situación particular.
Asimismo, ateniendo a que de conformidad con datos del INEGI el 48% de las personas inquilinas no cuentan con un contrato escrito que les otorgue certeza jurídica, se plantean incentivos para que las partes vean las ventajas de formalizar su relación.
Se propone que para los casos de ausencia de un contrato por escrito y firmado por las partes en arrendamientos de vivienda se considerará para todos los efectos legales que las partes están en una relación arrendataria de “acreditarse la existencia de una ocupación consentida en inmueble propio por parte de un tercero a cambio de una remuneración en dinero en especie”.
Las organizaciones y activistas que construyeron esta propuesta de reforma al código civil señalaron que los cambios y adhesiones propuestos buscan equilibrar las relaciones entre las partes, pero de ninguna forma señalan a favor de quién deben de resolver los juzgados, sino únicamente revierte inconsistencias y vacíos históricos en la legislación.
Por su parte, el Grupo Parlamentario de MORENA anunció que la iniciativa sería presentada formalmente el día miércoles 8 de julio para el inicio de su trámite legislativo, para ello el día de mañana la propuesta de reforma estará disponible en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la CDMX.
sugerencia de iniciativa presentada por organizaciones sociales, civiles y activistas para proponer a las diputadas martha avila, coordinadora de morena en el congreso de la cdmx y valentina batres las siguientes: reformas al código civil de la ciudad de méxico para garantizar el derecho a la vivienda frente a la pandemia.