12 de mayo de 2021
- Uno de los más graves efectos de la crisis sanitaria y económica ha sido la falta de capacidad de pago de personas inquilinas. Las políticas públicas emergentes para apoyarles han brillado por su ausencia en México.
- La desigualdad en las distribución de las propiedades en el mercado inmobiliario es extrema: 3 de cada 10 personas del 10% más rico reportan ingresos por rentas de inmuebles, frente a prácticamente 0% de la mitad más pobre del país. De ahí que 99% del monto pagado por rentas se quede en el decil más rico.
- La mitad de los hogares más pobres en la ciudad tienen que pagar una renta. 8 de cada 10 mujeres jóvenes jefas de familia la pagan. El 10% de los hogares más pobres destina hasta el 44% de su ingreso al alquiler
- Ante la falta de regulación y políticas emergentes, muchas personas inquilinas no han llegado a ningún acuerdo con lxs arrendadores, han sido objeto de desalojos, y en numerosos casos se han visto obligadas a migrar fuera de la ciudad y/o cohabitar con familiares o amistades.
El informe “La situación inquilinaria en México en el contexto de la contingencia sanitaria por COVID-19”, elaborado por el Instituto de Estudios sobre Desigualdad (INDESIG) y la Oficina para Latinoamérica de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL) (puede leerse en el siguiente link: https://bit.ly/3oeaXic), revela como se vive en el país la crisis de la situación inquilinaria, por ejemplo con el impago de muchas personas arrendatarias, lo que las ha forzado a dejar sus viviendas.
En 12 países del mundo, entre los cuales hay algunos latinoamericanos, desde el inicio de la pandemia se tomaron medidas para garantizar el derecho a la vivienda durante la crisis, entre ellas, la suspensión de los desalojos y/o el pago de hipotecas, la prohibición de incrementar los precios de los alquileres (especialmente cuando arrendador no depende de ese ingreso) o de interrumpir un contrato durante la crisis sanitaria así como apoyos para el pago de renta. En México, por más que la ciudadanía organizada junto con parte de la academia lo ha exigido constantemente, el gobierno se limitó a posponer el pago de créditos del INFONAVIT, a aumentar los créditos hipotecarios y continuar con la política social de transferencias monetarias previa a la crisis.
La desigualdad en cuanto a contar con una o más viviendas en propiedad es extrema en el mercado inmobiliario y existe un marcado desequilibrio entre los derechos de arrendadorxs y arrendatarixs. Mientras que prácticamente nadie del 50% más pobre del país recibe ingresos por rentas de viviendas, estos pagos sí llegan a 3 de cada 10 hogares del decil X (10% más rico). A diferencia de lo que comúnmente se cree, es tal el nivel de acumulación de los más ricos, que 99% del monto de rentas inmobiliarias pagadas en el país se quedan en el decil X.
Si bien el 16% de los hogares más pobres (decil I) pagan renta a nivel nacional, esto sube a 49% de estos hogares en CDMX. Para los más ricos (decil X) de la CDMX, el dato sólo llega a 20%. La renta debería ser una opción válida para muchas personas, siempre y cuando sus derechos fueran bien definidos y los gastos dedicados a ese rubro no superan el 30% de los ingresos así como lo sugieren las Naciones Unidas.
Lxs jóvenes y las mujeres en el país y en la CDMX, con poca frecuencia son propietarixs de una vivienda. Mientras que en CDMX sólo 8% de los hogares encabezados por adultos mayores pagan renta, el dato se eleva hasta 65% para lo respectivo con jóvenes, y hasta 79% con mujeres jóvenes. Además, si bien el pago de renta equivale al 33% de sus ingresos en los hogares más pobres en México (decil I), llega a 44% de los hogares más pobres en CDMX; es decir, casi la mitad de los ingresos de estos hogares se dedican a pagar la renta. Según lo reportado en el análisis hecho con base en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos de los Hogares (ENIGH, levantada por el INEGI), previo a la crisis la renta mensual pagada promedio en CDMX era de $5,080, por lo que se necesitan 38 días de salario mínimo para alcanzar a pagar un mes de renta, lo que va más allá del pago mensual que se pueda recibir.
El informe, en su parte final, incluye 78 testimonios que dan voz a la ciudadanía que residía en la CDMX antes de la crisis sanitaria y nos muestra cómo, la ausencia de políticas de emergencia por parte del Estado repercuten fuertemente en sus vidas. Ahí se encuentran historias de la incertidumbre ante el trato y la reacción de arrendadorxs (vinculado con la falta de regulación), que en numerosos casos les obligó a dejar la vivienda siendo objeto de un gran número de “desalojos invisibles” y a salir de la ciudad para encontrar refugio en casas de familiares y amigxs y enfrentando el hacinamiento y dinámicas con diversos grados de complejidad.
Hacemos un llamado a las autoridades nacionales y estatales para que tomen en cuenta la realidad reflejada en el informe y actúen inmediatamente y con urgencia en pos del interés que demuestran por el bienestar de la ciudadanía, especialmente de aquella con menores ingresos pero también que tomen medidas de más largo alcance que equilibren los derechos de arrendatarixs y arrendadorxs.
En el siguiente enlace puede leer el informe “La situación inquilinaria en México
en el contexto de la contingencia sanitaria por COVID-19: https://bit.ly/3oeaXic
Contacto: comunicacion.hical@gmail.com / mjaramillo@indesig.org