La vivienda y el hábitat son un gran problema político, de profundo alcance social, que ataca fundamentalmente a los sectores más humildes del mundo, a la inmensa mayoría de la población.
La misma población que, como pudo, construyó nada más ni nada menos que el 60% o más de las ciudades de nuestros países. Y este problema político, analizado como tal, tiene responsables, quienes además son los que se han beneficiado y se siguen beneficiando, a través de políticas públicas.
Contando con todos los instrumentos necesarios a su favor, porque los distintos gobiernos han cumplido un rol fundamental garantizando los intereses de la banca privada, de la gran industria de la construcción, en definitiva de la minoría dueña del mundo que subyuga en todos los campos de la vida a la inmensa mayoría de la humanidad.
Importa hacer referencia a la política impulsada desde los distintos organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Mundial (BM), desde el nacimiento del decálogo del tristemente célebre «Consenso de Washington».
El debate central está radicado entre los que consideran a la vivienda una mercancía y los que sostenemos que es un derecho humano fundamental y como tal debe ser su tratamiento, afiliarse a una u otra posición equivale a tomar partido y actuar en consecuencia.
El creciente empobrecimiento grandes sectores de la población de América Latina y el Caribe tiene una de sus expresiones más claras en el problema de la vivienda y en las condiciones no adecuadas del hábitat, bajo las siguientes características:
• La falta de viviendas esta relacionada con distintas carencias: de dimensiones adecuadas, de acceso a servicios, de hacinamiento, etc, etc. Se trata, en consecuencia, no sólo de problemas de vivienda, sino del hábitat.
• Tienen su expresión más aguda en las zonas rurales, pero adquieren carácter explosivo en las urbes y particularmente en las metrópolis, dado que hacia allí emigran enormes contingentes de familias desplazadas del campo por falta de trabajo y oportunidades; la urbanización creciente de América Latina se presenta así con características patológicas.
• La gente no encuentra solución ni desde el Estado (de acción lenta e ineficiente, y por ello insuficiente), ni desde el sector privado (que sólo trabaja con sectores de ingresos medio-altos y altos, en los cuales la inversión es rentable).
• Las políticas públicas, siguiendo los lineamientos de los organismos multilaterales de crédito que apuestan por la acción y la iniciativa privada, y reducen el papel del Estado a lo que se ha dado en llamar el rol «facilitador».
• Los recursos con los que se deberían construir viviendas se destinan a otros fines (fundamentalmente pago de deuda y absorción del déficit fiscal) o a subsidiar las ganancias del sector privado capitalista de la construcción.
• También por recomendación de los organismos internacionales, se priorizan las políticas focalizadas (orientadas exclusivamente a los sectores de muy bajos ingresos), otorgándose a través de ellas viviendas con poca superficie y baja calidad y en general con poca o nula participación de los destinatarios.
Mientras tanto, otros importantes sectores quedan totalmente excluidos de las soluciones.
• Hay una constante rebaja de la calidad de las soluciones financiadas por el Estado, que generan entonces nuevos problemas, y los programas públicos concebidos para erradicarlos, se transforman en generadores de más asentamientos precarios.
• El concepto de “evolución progresiva” de la vivienda no es entendido como resultado de las necesidades cambiantes de la familia, sino como una excusa para justificar propuestas insuficientes, tanto en área como en calidad.
• Se han suprimido o reconvertido a lo ancho y largo de toda la región los bancos hipotecarios nacionales, a lo máximo se han transformado en meros intermediarios del mercado de capitales, perdiendo toda finalidad social o de fomento de la construcción, cuando no han sido privatizados o directamente
eliminados.
• Se recurre al subsidio, utilizándolo limitadamente, pero al mismo tiempo de manera indiscriminada, sin procurar adaptarlo a las situaciones concretas. Se subsidia, por otra parte, la ineficiencia del Estado y el sector privado, desviando el esfuerzo social en lugar de optimizarlo. En efecto, se encarecen desproporcionadamente las «soluciones» por las ganancias de los intermediarios o por las cargas impositivas del propio Estado, y luego deben ser fuertemente subsidiadas para ser accesibles a la población destinataria, cuando no van a parar a sectores con mayor capacidad adquisitiva.
• Si bien en la mayoría de los países de la región el derecho a la vivienda está consagrado constitucional o legalmente, no existe en general legislación específica que permita efectivizar el ejercicio de ese derecho.
• En particular, salvo casos excepcionales, tampoco existen Fondos Nacionales de Vivienda y de existir, su manejo no tiene la cristalinidad necesaria y generalmente sus recursos son desviados o mal utilizados.
• La participación popular, salvo escasas excepciones, está reconocida en el discurso, pero en los hechos limitada exclusivamente al aporte de mano de obra.
• Un elemento clave que debe ser incluido en la solución al problema, es el imprescindible asesoramiento técnico, porque si bien la gente construye aunque no lo tenga, lo haría mucho mejor de contar efectivamente con el asesoramiento técnico necesario. Existen experiencias que demuestran lo que aquí decimos, pero también hay que tener en cuenta que para que ello suceda, deben ser incluidos los costos del asesoramiento en la financiación de todos y cada uno de los proyectos impulsados.
Existen en la región modelos exitosos de autogestión y participación popular para acceder a la vivienda, como lo es el Cooperativismo de Ayuda mutua, Autogestionario y de Propiedad colectiva.
DESDE ALACVAM, no nos sumamos a cualquier tipo de solución como las mal llamadas viviendas de emergencia, tampoco a que la propiedad privada sea la solución, la propiedad individual de la vivienda solo nos genera más vulnerabilidad y debilidad a la hora de defender nuestros derechos.
¡DENUNCIAMOS AL CAPITAL INMOBILIARIO Y AL CAPITAL DE LA CONSTRUCCIÓN, QUE USAN A LA VIVIENDA PARA LA ESPECULACIÓN FINANCIERA!
¡LA VIVIENDA ES UN DERECHO Y NO UNA MERCANCÍA!
¡LUCHAR HASTA VENCER!
ALACVAM – ALIANZA LATINOAMERICANA DE COOPERATIVAS DE VIVIENDA DE
AYUDA MUTUA.
Países que la integran: URUGUAY, BOLIVIA, PARAGUAY, COLOMBIA, MÉXICO,
HONDURAS, NICARAGUA Y EL SALVADOR
4 de Octubre de 2021