Fotografía: Protesta contra los desalojos porteños Pedro Pérez
El órgano judicial de la ciudad dictó una medida cautelar para frenar los desalojos administrativos ejecutados bajo la figura de supuesto “peligro de derrumbe”, una práctica que ha generado creciente preocupación por sus impactos sobre el derecho a la vivienda. Esta medida busca impedir que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires continúe desalojando familias sin garantías suficientes ni control judicial efectivo.
La resolución surge a partir de un amparo colectivo impulsado por el Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad (CEAPI), organización miembro de HIC en Argentina, junto con personas afectadas, organizaciones de derechos humanos y los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, Victoria Freire y Alejandro Salvatierra.
¿Qué son los desalojos administrativos?
A diferencia de los desalojos judiciales, que requieren la intervención de un juez, los desalojos administrativos son ejecutados directamente por autoridades del poder ejecutivo .
En la ciudad de Buenos Aires, estos procedimientos suelen gestarse tras inspecciones y clausuras preventivas de inmuebles bajo argumentos de riesgo estructural o peligro de derrumbe. Aunque estas facultades están previstas para situaciones excepcionales de emergencia, diversas organizaciones han alertado sobre su uso cada vez más frecuente como mecanismo de expulsión habitacional.
Una práctica en reciente crecimiento
Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 se registraron 621 desalojos en la Ciudad de Buenos Aires, afectando a 1,135 familias y 4,482 personas, entre ellas 1,409 infantes y adolescentes. Los datos muestran un cambio destacable, mientras en 2024 el 98% de los desalojos se realizaba por vía judicial, en 2026 el 58% ya corresponde a procedimientos administrativos.
Esta tendencia afecta especialmente a familias en situación de vulnerabilidad habitacional que viven en hoteles familiares, pensiones, conventillos y otros inmuebles de alquiler precario.
Falta de garantías a derechos humanos
Organizaciones y organismos de derechos humanos han advertido que estos procedimientos suelen ejecutarse sin garantías adecuadas de debido proceso, sin instancias reales de defensa y, en muchos casos, sin alternativas habitacionales adecuadas para las familias afectadas.
Los estándares internacionales establecen que los desalojos forzosos sólo pueden realizarse en circunstancias excepcionales, con revisión judicial efectiva y con medidas que protejan a las personas afectadas.
En este contexto, la decisión judicial representa un paso importante para frenar prácticas que podrían vulnerar el derecho a una vivienda adecuada y otras garantías fundamentales.
Desde HIC-AL advertimos que el aumento de desalojos y desplazamientos forzados forma parte de una crisis habitacional más amplia que atraviesa América Latina, donde el encarecimiento de la vivienda, la financiarización y la mercantilización del hábitat profundizan las desigualdades urbanas.
Frente a este escenario, reafirmamos la necesidad de fortalecer políticas públicas orientadas por los derechos humanos, que garanticen el derecho a una vivienda adecuada y el derecho a la ciudad.