El derecho y acceso a la vivienda digna no es una realidad para la mayoría de las(los) brasileñas(os), aunque el derecho fue sancionado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1948 y descripto en la Constitución Federal de Brasil en 1988, en el Art. 6o que también trata de los derechos sociales, como la educación, salud, asistencia social, transporte para todas e todos los ciudadanos. La estructura legislativa brasileña engloba cuestiones relacionadas a la función social de la ciudad, con instrumentos urbanísticos para ser aplicados por los gestores de las ciudades, con destaque para el Estatuto de la Ciudad de 2001, Legislación Federal.
Según estimaciones realizadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2017), la población mundial alcanzó 7,6 billones de habitantes de los cuales (54%) viven en áreas urbanas. En este contexto, mas de 100 millones de personas no poseen un lugar adecuado para vivir y más de 1 billón residen en viviendas inadecuadas, en asentamientos informales que constituyen parcelas significativas del tejido residencial de las áreas urbanas.
De acuerdo con el documento temático organizado para Hábitat III, realizado en Quito en 2016, este tipo de tejido corresponde a: viviendas sin seguranza de posesión, localizadas en áreas con ocupaciones ilegales o alquiler informal; barrios generalmente aislados de os servicios básicos de saneamiento básico, agua potable, espacios públicos y áreas verdes; prácticas excluyentes que cooperaran para condiciones históricas de desigualdades económicas y da segregación. O sea, en cualquiera de estas condiciones, la población residente está constantemente sujeta a enfermedades, violencia, remociones y gentrificación (Sanches y Rubio,2019). Ese problema es una reproducción de las desigualdades socio espaciales y de ingresos existentes en los países denominados “sur global” compuesto por países en desarrollo.
En Brasil, en los datos del Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística (IBGE, 2010) son 84,4% de personas viviendo en ciudades y la falta de viviendas adecuada es un grave problema. Son más de 211 millones de habitantes en el país, conforme el SNIS (2017) casi mitad de la población reside en áreas sin saneamiento básico (sin colecta de cloacas), 35 millones no reciben agua canalizada e tratada. Otro dato importante, es sobre la renta, en la PNAD (pesquisa nacional de domicilios, realizada por el IBGE en 2019) la renta media de mitad de los brasileños es de R$ 820,00, siendo que 72% es destinada para los gastos con alimentación, habitación y transporte, o sea, no sobra dinero para reservas de emergencias.
En este contexto, muchas mujeres viven el día a día con la falta de planeamiento urbano en el territorio, viviendo en villas miseria, conventillos, casas de palafitos, con espacios reducidos y muchas personas habitando hacinadas, en condiciones precarias e insalubres (sin ventilación e iluminación en las habitaciones) sin agua corriente y saneamiento básico. La mayoría son mujeres negras, jefes de familias que viven en esas condiciones con sus hijos e hijas. En el relatorio (Retrato de las Desigualdades de Género y Raza)1 se indica que, en 1995, en 23% de los domicilios las mujeres eran referencia como “jefes de familia”, y en 2015 el número pasó para 40%.
Cuando no es traducido en la práctica, el derecho a la vivienda tiene impacto directo sobre la salud de las poblaciones. La ciudad de Rio de Janeiro, por ejemplo, que tiene 22% de la población residiendo en villas miserables, ocupa también los primeros lugares en el ranking de enfermedades que se alimentan de la pobreza y de la vulnerabilidad social, como la tuberculosis. Según el Ministerio de la Salud, Rio de janeiro presentó, en 2017, una media de 88,5 casos de tuberculosis a cada cien mil habitantes, al lado de Recife, en Pernambuco, con 85,5 casos, perdiendo apenas para Manaus, en Amazonas, con casi 105 casos, y superando bastante el coeficiente nacional de 33,5 casos por cien mil habitantes. Fue también, la segunda capital de Brasil con mayor tasa de mortalidad por esa enfermedad: 6,2 por cien mil habitantes en el año pasado, detrás de la capital pernambucana, con 7,7 por cien mil. Y, de acuerdo con la Secretaria Municipal de Salud de Rio de Janeiro, son en las adensadas villas miserables cariocas – donde las condiciones de habitación y alimentación de las personas son todavía peores y la ausencia de servicios básicos, como saneamiento, es sorprendente, – de manera que la enfermedad alcanza tasas recodes: en Manguinhos, territorio donde está localizada la Fundación Oswaldo Cruz, en el año de 2017, fueron registrados 337,4; en la vecina Jacarezinho, 332,9; y en la Rocinha, antes conocida como el mayor foco de tuberculosis del país, con 455 casos por 100 mil moradores, en 2001, fueron diagnosticados no mucho menos, cerca de 300 casos por 100 mil habitantes.
Ciudad que acompaña Rio de Janeiro lado a lado cuanto a los números de la tuberculosis, Recife tiene 22,9% de la población morando en villas miserias, reuniendo 40% de las 1.075 comunidades del estado de Pernambuco. Lo mismo es observado en cuanto a la ciudad líder del ranking de l enfermedad en el país: Manaus tiene 50 villas miserias, que abrigan 72.762 domicilios, casi 16% de las viviendas, lo que torna la capital de Amazonas la octava del país en mayor número de habitaciones en comunidades de ese tipo. Es en Manaus, también, que está la décima mayor villa miseria de Brasil, en el barrio Cidade de Deus, con 10.559 domicilios ocupados (Ministerio de la Salud, 2017). Todo este escenario permite, por lo tanto, una afirmación: vivienda adecuada es determinante social en la salud del ser humano.
Así, el no cumplimiento del derecho a la ciudad y a vivienda adecuada por el poder público, tiene impacto directo sobre la salud de las poblaciones, generando enfermedades que se alimentan de la pobreza y de la vulnerabilidad social, como problemas respiratorios, la tuberculosis y ahora la COVID-19 entre otras.
La desigualdad en la ocupación territorial de las ciudades de Brasil llegó a una situación límite, que puede ser atribuida a dos factores principales:
1) el agravamiento real de la situación, por el crecimiento considerable de la contaminación de la población por el Coronavirus;
2) la reciente visibilidad que la cuestión adquirió, exponiendo la herida en las diversas medios, demostrando, inclusive, una creciente concientización de la población y de las instituciones con relación a las villas miseria y a las viviendas precarias.
Con esa concientización, la población debe atender a las medidas de protección y permanecer en la cuarentena con aislamiento social preservando la salud y el bien mayor: Defendiendo la VIDA, enfrentando a el Presidente de la República que incentiva el genocidio de la población pobre y protege la economía y el capitalismo, en lugar de preservar la vida de la población brasileña.
Con la mirada feminista queda evidente la desigualdad social de las mujeres, en especial, de las mujeres negras que viven en las periferias urbanas y rurales, no solo en Brasil, sino en toda América Latina.
En este sentido, nosotras, mujeres feministas no podemos callarnos frente a esa barbarie con nuestras mujeres que están sintiendo en la piel la pérdida de sus familiares o hijos e hijas todos los días con la PANDEMIA DEL CORONAVÍRUS. La concientización revela la oportunidad de SORORIDAD2, y así asumir el compromiso con la causa. Por esto, el fortalecimiento de las luchas de las mujeres en la elaboración de las políticas de vivienda y autogestión es una forma de combatir la pobreza y desigualdad de género, garantiendo la inclusión de las mujeres en la construcción civil, como forma de preservar el derecho a la ciudad justa e igualitaria.
Llegó el momento del poder público asumir la responsabilidad, llamar urgente a l población y juntos formular un plano de emergencia de combate a pandemia del Coronavirus. Y más allá del plano de emergencia, los gobernantes deben pensar en políticas públicas habitacionales de Estado (para no suceder lo mismo que con el Programa Minha Casa, Minha Vida-Entidades). Se hace necesaria la construcción de viviendas adecuadas para atender a las familias de bajos ingresos como forma de reducir la desigualdad, las enfermedades y mortalidades decurrentes de habitaciones precarias.
Una ciudad desigual no es buena para nadie. Los males provocados por el Estado son muchos y bien conocidos. Es preciso ideas y soluciones que promuevan una ciudad saludable y sustentable con ordenamiento territorial.
Es posible, y necesario, hacer de este movimiento de integración un camino para la prosperidad de la ciudad como un todo. En este sentido, las mujeres pueden ganar visibilidad se pensamos en ciudades inclusivas, construidas a partir de la mirada feminista. Siendo así, el debate sobre género instrumentaliza la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos a la ciudad con ideas y soluciones integradas económica y socialmente en el territorio y en el enfrentamiento a la cultura machista y patriarcal que marca nuestra sociedad en Brasil y en el mundo.
De esta forma, este pequeño texto va al encuentro de la carta escrita por la Articulación Brasileña por la Economía de Francisco, titulada “Carta de Clara y Francisco: del Brasil para el Encuentro Mundial en Assis” (2020), de la cual se sugiere una alternativa para el colapso de la economía capitalista – fundamentada en la competición incesante, egoísmo, producción sin limites, acumulación de riquezas y progreso basado en extracción, “ideología de mercado como al patriarcalismo”. La propuesta sugiere “una economía basada nos valores que nuestra civilización asocia a lo femenino: el cuidado, la colaboración, la generosidad, lo cíclico (en oposición a lo linear), la distribución”.
Todo este escenario permite, por lo tanto, afirmar que la vivienda adecuada es determinante para la preservación de la salud y en el combate al Covid-19.
“LA VIVIENDA ES LA PUERTA DE ENTRADA PARA LOS OTROS DERECHOS”.
1 Investigación realizada por el IPEA (Instituto de Pesquisa Económica Aplicada) en pacería con la ONU Mujeres, a partir de los datos con indicadores da PNAD (Pesquisa Nacional por Muestras de Domicilios) del IBGE (Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística).
2 “Relación de hermandad, unión, afecto o amistad entre mujeres, semejante a aquella establecida entre hermanas. [Por Extensión]Unión de mujeres que comparten los mismos ideales y propósitos, normalmente de tenor feminista, siendo caracterizada por el apoyo mutuo evidenciado entre esas mujeres” (https://www.dicio.com.br/sororidade/, acceso en 11/04/2020)
Maria das Graças de Jesus Xavier Bachiller en Derecho
Especialista en Políticas Públicas Coordinadora Rede Mujer y Hábitat-Brasil Unión Nacional por Vivienda Popular Fellow Social Ashoka
Vice-presidenta Consejo Estadual de Defensa de los Derechos de la Persona Humana
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www.sp.unmp.org.br
Débora Sanches
Arquitecta y Urbanista
Socia del Centro Gaspar Garcia de Derechos Humanos
Profesora de la Maestría Profesional en Arquitectura, Urbanismo e Design del Centro Universitario Belas Artes
Profesora de la FAU en la Universidad Presbiteriana Mackenzie