El día 8 de julio de 2020, las Diputadas Martha Ávila y Valentina Batres presentaron una iniciativa de reformas y adhesiones al Código Civil de la Ciudad de México, generada a partir de recomendaciones hechas por distintas organizaciones y activistas por el derecho a ciudad y la vivienda. Celebramos que un tema tan importante haya motivado un fuerte debate público y mediático, pero lamentamos que en gran medida éste se haya fundamentado en información tergiversada o falsa sobre el contenido del documento.
Desde el 2 de abril, las organizaciones y activistas que firmamos hemos señalamos la alarmante situación en la cual nos encontramos en materia de vivienda frente al COVID-19. Al igual que otros países, en México miles de personas se verán impedidas de pagar la renta de la vivienda en la que habitan por la pérdida de sus ingresos a raíz de la pandemia. Esto llevará a que muchas familias y personas terminen perdiendo su vivienda y teniéndose que mover a otros barrios en condiciones adversas o más desfavorables a las actuales o en la calle, generando importantes impactos sociales y en la economía en general. Desde abril, hemos señalado que, en contraste con otros países, en México no contamos aún con ningún plan para prevenir y mitigar la crisis de vivienda que se avecina y ya están viviendo cientos de afectados.
A partir de nuestro trabajo de documentación de casos, así como una encuesta ciudadana realizada por las organizaciones firmantes, hemos detectado tres formas en que las personas se verían afectadas: i) Familias que serán desalojadas por orden judicial debido a la imposibilidad de pago; ii) Personas que abandonarán sus viviendas por imposibilidad de pago, sin orden judicial; y iii) Personas que se verán obligadas por acoso inmobiliario a salir de su lugar de arriendo, independientemente de si están cumpliendo sus pagos o no, a través de prácticas como el acoso inmobiliario.
Las sugerencias de reformas y adhesiones que hicimos, las cuales dieron origen a la iniciativa presentada ante el Congreso de la Ciudad de México, buscan atender de manera puntual al menos algunos aspectos para atender al primer grupo: las personas que se verían desalojadas por orden judicial debido a la imposibilidad de pago. Los alcances de estos cambios no buscaban ser una panacea, pero ante la gravedad del problema al que nos enfrentamos buscan mitigar los efectos de esta crisis al menos en los arrendamientos que inicien a partir de una eventual aprobación de la reforma.
Esta no es una propuesta singular en la contingencia sanitaria por el Covid-19, algunas ciudades como New York, Madrid, Barcelona, San Francisco, han tenido que adoptar medidas excepcionales que tienden al diálogo, al acuerdo y la no violencia para que sus ciudadanos no se queden sin techo y se asegure a todos un presente y futuro digno, que permita el restablecimiento de la nueva normalidad.
El Congreso de la Ciudad de México tiene la oportunidad de atender estos puntos y llevar un proceso virtuoso. El Estado en su conjunto, a nivel municipal, estatal y federal, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tiene la responsabilidad de adoptar las medidas necesarias para afrontar la crisis de vivienda que se avecina. Pero es a esta Legislatura de la capital del país, la ciudad con el mayor número de inquilinos a nivel nacional, federal la que tiene la posibilidad de realizar reformas y adhesiones a distintas disposiciones que representaban de por sí un problema para garantizar que ninguna persona sea expuesta ilegal e injustificadamente a una situación de perdida de vivienda o calle, y que ahora con la pandemia se vuelven una deuda legislativa con la cual se agravan los riesgos sociales y económicos.
Desde el 27 de marzo de 2003, el Relator Especial sobre una vivienda adecuada de la Organización de las Naciones Unidas, Miloon Kothari, en su informe sobre su visita a México, recomendó a nuestro país, entre otros: i) examinar cuidadosamente las leyes existentes, teniendo en cuenta la Observación general No. 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre los desalojos forzosos. Antes de llevar a cabo un desalojo, estudiar todas las opciones viables en consulta con las personas y los grupos afectados; ii) proporcionar una protección procesal adecuada, de conformidad con la Observación general Nº 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, a las personas sujetas a desalojos; iii) incorporar perspectivas de derechos humanos en el marco jurídico para una progresiva realización del derecho a la vivienda adecuada. En el año 2009, en su informe de seguimiento a las recomendaciones realizadas a México en 2003, el Relator para el derecho a una vivienda adecuada señaló que el marco jurídico de los desalojos seguía sin armonizarse con los estándares internacionales y que es una problemática que continuaba en el país.
Asimismo, señaló que a nivel local aún no habían sido incorporados los estándares internacionales, lo que habría facilitado el uso de la fuerza en los procedimientos de desalojo. El 29 de marzo de 2018, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas señaló a México la necesidad de “brindar una protección adecuada contra los desalojos forzosos a las personas, familias y comunidades desalojadas, incluso mediante la adopción e implementación de un marco normativo apropiado que asegure una compensación o la opción de una vivienda alternativa adecuada para las personas que han sido desalojadas forzosamente, así como el acceso a recursos judiciales efectivos en caso que sus derechos hayan sido vulnerados”.
Al respecto, estas recomendaciones constantes de organismos internacionales y ante el reiterado desacato del Estado Mexicano a distintos niveles de estas iniciativas, así como la gravedad que se profundiza por la inminente crisis de vivienda generada por la pandemia, atendiendo también al debate generada en las últimas semanas por la iniciativa presentada y las preocupaciones manifestadas por algunos sectores en distintos medios, instamos a las bancadas de los distintos partidos del H. Congreso de la Ciudad de México a adoptar las adecuaciones a la iniciativa de reformas y adhesiones al Código Civil de la Ciudad de México que consideren necesarias, siempre y cuando garanticen cuatro objetivos que consideramos irrenunciables:
- Garantizar que haya una consecuencia real y efectiva por la falta de contrato escrito, la cual obligue a la autorregulación al momento de iniciar la relación de arrendamiento.
- Disponer a propietarios e inquilinos la asesoría del personal público técnico para llevar una metodología sana en caso de que decidan voluntariamente renegociar.
- Evitar que haya requisitos de garantías excesivos para las personas inquilinas.
- Brindar atención y asesoría pública a las personas ya desalojadas legalmente para ayudar a prevenir y evitar que terminen en una situación de calle.
En este sentido, como hemos señalado en distintos medios y espacios, lo que buscamos como organizaciones y activistas es alcanzar objetivos específicos. Los medios pueden ser discutidos, corregidos, adicionados y reemplazados. Pero consideramos que estos cuatro objetivos son irrenunciables. Asimismo, hacemos un llamado para que se amplíe el debate con un espacio facilitado por el Congreso de la Ciudad de México en el que participen distintos actores, representados de manera equitativa y equilibrada, para permitir profundizar en las medidas idóneas para alcanzar esos objetivos irrenunciables.
Desechar la iniciativa en su integridad implicaría que el Congreso de la Ciudad de México claudique en atender la parte de este problema que sí le corresponde, y no se ha atendido, además de que puede agudizarse con los efectos de la actual pandemia.
Asimismo, llamamos a todas las fracciones parlamentarias para que se genere un espacio de debate con los distintos actores para permitir profundizar en las medidas idóneas para alcanzar esos objetivos irrenunciables.