Maria Silvia Emanuelli
La Agenda 2030 en su totalidad puede ser, en efecto, una hoja de ruta para enfrentar los desafíos dejados en evidencia por la COVID-19 si a través de ella los Estados se comprometen a reorientar la economía para proteger la vida y el hábitat de todas y todos. Ésta no es una tarea a abordar desde respuestas contingentes, sino a través de respuestas estructurales, las cuales demandan lo siguiente: un plan basado en la solidaridad internacional como equivalente de un Plan Marshall para la reconstrucción, como ya fue planteado por el secretario general de las Naciones Unidas, y alivio a la deuda a través de moratorias o condonaciones; promover sistemas tributarios más progresivos, eficaces y eficientes, y reorientar gastos tributarios hacia los ODS; combatir la corrupción, la evasión y los paraísos fiscales, y aumentar la gravación impositiva a las ganancias de grandes corporaciones, fondos de inversión, grandes rentistas y especuladores; extender los ingresos básicos y construir una protección social universal; revalorizar lo público y lo común, recuperando experiencias de economías mixtas, las cuales ya han existido en la reconstrucción de la segunda posguerra y que no se centran sólo en lo estatal, sino también en alianzas público-comunitarias, y fortalecer la economía del cuidado; implementar transiciones energéticas renovables, eficientes, de baja huella ambiental y respetuosas de las poblaciones, y, finalmente, retomando nuevamente las palabras de Alicia Bárcenas, “un mundo post-COVID nos exige un nuevo pacto global y regional que incluya un renovado modelo de desarrollo que se oriente a mayor bienestar y sostenibilidad ambiental. Hay que cambiar la conversación entre el Estado, el mercado y la sociedad”.
Fragmento de la publicación Emergencia sanitaria por Covid-19: Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (II). Serie Opiniones Técnicas sobre Temas de Relevancia Nacional, núm. 48.
