En el marco del Octubre Urbano y del Día Mundial de las Ciudades, la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), el Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento A.C (COPEVI) y Cooperación comunitaria A.C dan a conocer dos procesos de incidencia ante mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas: una contribución al próximo informe del Relator Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada y la participación al informe alternativo para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC). Ambos buscan visibilizar la riqueza de los procesos liderados por comunidades organizadas conocidos como Producción Social del Hábitat (PSH)1 y los obstáculos que esta modalidad enfrenta.
La PSH representa hasta dos terceras partes de la producción de vivienda de México. Con los apoyos necesarios, puede alcanzar mejores y más amplias superficies habitables, incorporar espacios productivos al interior de la vivienda, respetar el entorno ambiental, reducir la producción de CO2, y adaptarse progresivamente a las necesidades cambiantes de las personas y familias, en contraste con la vivienda mercantil producida en serie. Su capacidad radica en multiplicar recursos económicos limitados mediante trabajo, organización, ayuda mutua, ahorro y otros recursos sociales que no son reconocidos por la lógica convencional del mercado.
1Por Producción Social del Hábitat se entienden todos aquellos procesos generadores de espacios habitables, componentes urbanos y viviendas que se realizan bajo el control de autoproductores y otros agentes sociales que operan sin fines de lucro, tanto en el ámbito rural como urbano. No es sinónimo de autoconstrucción o informalidad, sino un amplio espectro de modalidades que va desde la autoproducción individual y familiar hasta experiencias colectivas y autogestionarias —como cooperativas y ONG— con altos niveles de organización, asesoría especializada y gestión integral del hábitat.
Aportaciones al Informe del Relator de las Naciones Unidas para el Derecho a una vivienda Adecuada
En el contexto de la crisis global de vivienda, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada, Koldo Casla, dedicará su próximo informe a analizar cómo los gobiernos locales, las organizaciones y las comunidades pueden contribuir a garantizar este derecho. La consulta busca identificar experiencias, buenas prácticas, obstáculos y condiciones necesarias para fortalecer estas iniciativas.
En respuesta a este llamado, en septiembre el Grupo de Trabajo Regional sobre Producción y Gestión Social del Hábitat (GrupoPyGSH), coordinado por HIC-AL, presentó una contribución que destaca el papel de la PSH como una vía para garantizar el derecho a una vivienda adecuada y colocar las necesidades de las personas y la naturaleza en el centro de la política pública.
En el caso de México, la contribución señala que, aunque la Ley de Vivienda a nivel federal reconoce la PSH y contempla instrumentos para fomentarla, el reconocimiento legal no ha sido suficiente para garantizar las condiciones necesarias para su adecuado desarrollo y crecimiento en escala. Entre los principales obstáculos destacan las dificultades para acceder al suelo y al financiamiento, la insuficiencia de recursos públicos destinados a la PSH y la falta de instrumentos adecuados para acompañar las iniciativas colectivas.
Asimismo, las organizaciones advierten que, si bien en años recientes las políticas y los programas de vivienda otorgaron mayor relevancia a la PSH, en la práctica privilegiaron soluciones individuales condicionadas a que las familias ya contaran con suelo. Esto ocurrió sin impulsar suficientemente los procesos colectivos ni desarrollar una política de suelo que facilitara el acceso a quienes más lo necesitan. También señalan que, en el actual sexenio, la PSH ha vuelto a quedar nuevamente relegada frente al impulso de la construcción masiva de vivienda bajo la modalidad de «llaves en mano». Si bien reconocen que, a través del programa Vivienda para el Bienestar, se están abriendo mayores posibilidades de acceso a la vivienda para las familias más vulnerables en ciudades medias, consideran que esto no ha revertido el desplazamiento de la PSH como enfoque de política habitacional. A ello se suma el otorgamiento de subsidios de montos reducidos para el mejoramiento de vivienda en zonas determinadas, sin acompañamiento ni asistencia técnica.
Frente a este panorama, y considerando que es necesario diversificar las soluciones de vivienda para satisfacer diferentes necesidades así como reconocido también en el recientemente publicado Informe de ONU Hábitat “La crisis global de la vivienda. Caminos hacia la acción”, la contribución plantea que es necesario no dejar de lado la PSH y para ello fortalecer las políticas públicas necesarias para ello, mejorar las condiciones de acceso al suelo y al financiamiento, ampliar la asesoría técnica integral y reconocer la diversidad de experiencias y condiciones físicas de cada territorio. Como señala el documento, la participación comunitaria -que el Estado debería impulsar- no sustituye las obligaciones del Estado en la materia: corresponde a las autoridades generar las condiciones jurídicas, institucionales y presupuestarias para que estas iniciativas contribuyan a garantizar el derecho a una vivienda adecuada.
Aportaciones en la elaboración del apartado sobre el derecho a la vivienda del Informe Alternativo para el Comité DESC
Las organizaciones también colaboraron en la elaboración del apartado sobre vivienda adecuada del informe alternativo para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (Comité DESC), con el propósito de señalar motivos de preocupación y proponer recomendaciones de cara al examen del 7° Informe periódico del Estado mexicano sobre las medidas que ha adoptado para el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que tendrá lugar en la sede de la ONU en Ginebra los próximos días 4 y 5 de noviembre.
México ratificó el PIDESC desde 1981, instrumento de derechos humanos que su artículo 11 consagra el derecho a una vivienda adecuada. En el Informe Alternativo se reportó que si bien el derecho a la vivienda adecuada está reconocido en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta hoy en el país carece de una política integral que impulse PSH como parte de las acciones para garantizarlo. Señalan que la actuación gubernamental se encuentra fragmentada y que prevalece una visión mercantil de la vivienda sobre la social.
Esto caracteriza la labor de prácticamente todas las instituciones integradas en el Sistema Nacional de Vivienda. Ejemplo de ello es que en las Reglas de Operación de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) no se da cuenta de los aspectos intrínsecos de la forma de operación de la PSH; no se valoran los procesos organizativos que conlleva esta práctica constructiva y su impacto en la gobernanza local; la participación comunitaria suele limitarse a un mero trámite en lugar de constituir un proceso de decisión colectiva; no se contemplan adecuadamente los tiempos necesarios para el diseño participativo y la construcción progresiva de las viviendas. Tampoco se consideran las condiciones específicas que requieren las zonas rurales e indígenas: los ciclos de producción agrícola, la disponibilidad, acceso y distribución de materiales, las condiciones de disponibilidad de materiales locales (como madera, tierra, etc.) y sobre todo, los conocimientos constructivos y sobre el entorno, de las poblaciones locales. Reconocer estas particularidades permitiría impulsar soluciones habitacionales más adecuadas a las necesidades de cada territorio y reducir los impactos ambientales de la construcción.
Otro de los obstáculos señalados es la falta de una regulación específica para las cooperativas de vivienda en la Ley General de Sociedades Cooperativas. Esta ausencia dificulta que las comunidades organizadas desarrollen modelos colectivos para resolver sus necesidades habitacionales. La vivienda cooperativa puede, además, contribuir a proteger la permanencia de las comunidades y reducir las presiones de desplazamiento asociadas a la especulación del suelo.
Ante este panorama, las organizaciones plantearon al Comité DESC nueve recomendaciones dirigidas al Estado mexicano. Entre ellas destacan:
- Fortalecer el marco jurídico relacionado con la vivienda distinguiendo la producción de vivienda mercantil de la social, garantizando instrumentos y presupuestos adecuados para cada modalidad.
- Impulsar incentivos económicos que reconozcan y fortalezcan la Producción Social de Vivienda, el papel de las organizaciones civiles, la asesoría técnica integral atendiendo las particularidades de los contextos rurales e indígenas y sus saberes constructivos y prácticas comunitarias.
- Establecer una política de suelo que garantice el acceso a las personas más vulnerables.
- Impulsar una Ley de Cooperativas de Vivienda que permita desarrollar y consolidar esta modalidad.