Protesta por el derecho a la vivienda en CDMX

Convocada por el proyecto Gatitos Contra la Desigualdad y el INDESIG – Instituto de Estudios sobre Desigualdad

Jueves 17 de Noviembre a las 17 hrs

Concentración afuera de SEDUVI (calle Amores 1322, cerca de Metro Zapata)

El cumplimiento del Derecho a la Vivienda Adecuada en la Ciudad de México (CDMX) está en crisis. Las narrativas individualistas y meritocráticas culpan de esto a las personas jóvenes y a las más vulnerables. Constantemente escuchamos acusaciones como: “no pueden acceder a una vivienda adecuada porque no quieren”, “porque no ahorran” o “porque gastan mucho”. Por años, quienes sostienen estos discursos le han hecho creer a muchas personas que las fallas políticas y estructurales son solo problemas personales producto del azar o de la falta de esfuerzo.

Pero la realidad es que la Ciudad de México vive un proceso de financiarización de la vivienda. Es decir: para las grandes empresas apoyadas por las autoridades, la vivienda ya no importa como un lugar para vivir sino como un activo financiero. Solo importa construir, acaparar y especular aunque eso deforme la organización de la ciudad y afecte las opciones de vivienda.

El mercado “libre y competitivo” de la vivienda en Ciudad de México es una ilusión. La realidad es la financiarización, el acaparamiento e incluso la corrupción e ilegalidad. Para unos cuantos, el negocio inmobiliario es más lucrativo que nunca. Los inversores esperan que siempre aumente el precio, independientemente de la “oferta y demanda”. Algunas empresas ofrecen rendimientos de hasta 20% anuales. Motivados por esto, se construyen inhabitables viviendas de menos de 40 m2 e inflan más lo que se teme sea una burbuja inmobiliaria.

El mercado de arrendamiento se concentra en unas cuantas manos. El 99% de los ingresos por vivienda en alquiler se queda en el 10% más rico, y el 62% se queda tan solo en el 1% más rico. Estas ganancias históricas las logran gracias a una pérdida de espacios para vivir y muchas veces a partir del sufrimiento del resto de la población, por medio de desalojos forzosos.

Los cárteles inmobiliarios y los grandes capitales deciden el precio mediante estrategias de acaparamiento y especulación. Incluso se dejan vacías viviendas por meses para evitar que bajen los precios. El cartel inmobiliario de la Benito Juárez es un gran ejemplo de cómo en este proceso es clave la corrupción y las alianzas entre empresas y funcionarios.

Como resultado, la población propietaria disminuye constantemente y la creciente población inquilina no encuentra espacios. Si ya era caro acceder a una vivienda, en propiedad o en renta, ahora es impagable. Las rentas tienen años disparándose. Desde 2005 han subido 235% en toda la ciudad. Es decir, 64% por encima de la inflación. Este aumento se ha dado en toda la ciudad, no sólo la Condesa y Polanco. El 50% de las viviendas en la Zona Metropolitana del Valle de México cuestan más de 3.2 millones de pesos. Sólo el 4.7% de su ciudadanía podría pagar una hipoteca para esas viviendas.

Los salarios, por su parte, han bajado casi a la mitad. En 2018, el 10% más pobre de la CDMX usaba 42% de sus ingresos en el alquiler. Para 2020 usaban el 51% de sus ingresos.

En 2020, el Gobierno de la Ciudad de México prometió que habría un programa de apoyo para el alquiler de las personas más vulnerables y afectadas por la crisis económica. Ese apoyo nunca llegó.

Todo esto se agravó con la pandemia, sin que las autoridades hayan adoptado ninguna medida al respecto. En mayo de 2022, el Juzgado Décimo en Materia Administrativa de la Ciudad de México ordenó al Gobierno de la Ciudad de México realizar un diagnóstico sobre la situación de la población inquilina y el impacto de la pandemia en el acceso a la vivienda de arrendamiento. Las autoridades no acataron la sentencia y apelaron.

Cinco meses después, sin haber querido realizar ese diagnóstico ordenado judicialmente, el Gobierno de la Cdmx anunció una “alianza con Airbnb” para incentivar que viviendas de alquiler pasen a ser rentas a corto plazo para turistas, amenazando con agudizar el desplazamiento de personas locales. Esta alianza busca una “derrama económica” a costa de la vivienda, que además difícilmente se distribuiría entre la población y no beneficiará a quienes más lo necesitan. Los verdaderos beneficiados son quienes pueden participar del negocio de acumulación que es Airbnb. Según los propios datos de esa empresa, 23 % de hosts en Cdmx tienen más de 10 anuncios activos. Incluso una sola persona tiene actualmente 207 anuncios activos en Airbnb, lo cual podría ser equivalente a una masa de 630 millones de pesos en inversiones inmobiliarias.

En Cdmx no hay una política de vivienda de arrendamiento. La regulación del código civil no equilibra los derechos de arrendatarios y arrendadores, es escueta e incompleta, pero el Congreso se rehúsa a hacer una Ley Inquilinaria. El marco legal actual no garantiza que haya contratos por escrito ya que su ausencia no implica ningúna sanción, mientras que en otros estados del país sí existen mecanismos para ello. Tampoco hay límites a los requisitos y garantías que pueden exigir los caseros. No está prohibida la discriminación en relaciones particulares de arrendamiento. El Código Civil permite aumentos anuales de las rentas hasta por el excesivo porcentaje de 10%. En la legislación actual los arrendamientos son tratados como una mera relación mercantil enfocada en garantizar el ingreso a los propietarios, pero no el disfrute de la vivienda rentada al inquilino.

Los desalojos ilegales y arbitrarios son cada vez más frecuentes. Se realizan muchas veces durante las noches, contrario a lo establecido por el derecho internacional. En Cdmx, las lagunas legales no atendidas por el Congreso permiten que la “fuerza pública” durante las diligencias de desalojo sea ejercida por los mal llamados “cargadores” que en realidad son parapolicías: particulares que ejercen violencia, sin que haya forma de saber quiénes son y hacerles rendir cuentas. En estos desalojos suelen destruirse las posesiones de las familias, así como también se reportan personas heridas e incluso agresiones sexuales contra mujeres.

En mayo de 2019, el Congreso de la CDMX aprobó el artículo 60 de la Ley de Derechos Humanos y sus Garantías, el cual garantizaba derechos mínimos a las personas desalojadas. Apenas 3 meses después de entrar en vigor, fue eliminado por el Congreso a petición de grupos con amplios intereses inmobiliarios. Muchos de los notarios y empresarios que encabezaron la eliminación de ese artículo hoy se sabe que participaron en el cartel inmobiliario de la Benito Juárez.

Todo este contexto de falta de opciones y de extrema necesidad lleva a 20 mil personas al año a salir de la capital del país por no poder costear una vivienda y a otras 7 mil a ir a habitar en asentamientos precarios. Las comunidades en asentamientos que luchan por ser reconocidas por parte de la ciudad y acceder a servicios son frecuentemente ignoradas, e incluso intimidadas. A la población en estos asentamientos se les trata siempre como un problema a solucionar, pero nunca como una población a consultar y a atender. Se les estigmatiza para no ver, ni aceptar un proceso estructural de transgresión a los derechos.

A pesar de que en nuestro país la Constitución federal y local reconocen las cooperativas de vivienda, no existen legislaciones secundarias que faciliten su conformación. Si bien se han anunciado corredores inmobiliarios con un 30% de vivienda social, muy poco se ha avanzado en este sentido y quiénes tienen derecho de acceder a viviendas a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) pueden llegar a esperar más de 10 años para ello.

En resumen: en Cdmx no hay una política de vivienda y suelo integral fundada en el derecho a la ciudad, sino una política inmobiliaria rentable para unos pocos. Las autoridades no dan opciones diversas para las diferentes necesidades habitacionales, ya sea en propiedad, en renta, en cooperativa o en cualquier otra modalidad de tenencia.

A todas las autoridades a nivel alcaldía y Gobierno de Ciudad de México: esta crisis de la vivienda era una bomba de tiempo pero solo pocos han sido los avances hasta ahora. El anuncio del acuerdo con Airbnb fue la gota que derramó el vaso, pero es mucho más amplia y compleja esta problemática que ha indignado a miles de personas jóvenes, y personas que trabajan y/o estudian en la ciudad, y que a duras penas logran pagar los altos precios de una vivienda adecuada en la ciudad.

La crisis ya estaba ahí y es compleja de enfrentar, pero la autoridad en lugar de buscar resolverla decidió priorizar el turismo y los negocios del capital inmobiliario al bienestar de la población que desde hace muchos años reside en la ciudad. Preocupa el poco interés del gobierno en resolver la crisis, así como sus políticas que benefician al capital inmobiliario y no a quienes más lo necesitan, así como que tengamos que estar aclarando que la vivienda es un derecho humano reconocido constitucionalmente.

No hay ciudad sin vivienda accesible y personas que le den vida. Por eso, esta lucha por la vivienda adecuada puede que sea la lucha más importante de nuestra generación. Luchar por la vivienda es defender la vida en la Ciudad de México. Es por eso que, reunidas y reunidos aquí, leemos el siguiente pliego petitorio. Insistiremos hasta que sea atendido.

17 de noviembre de 2022

A la Jefa de gobierno de la CDMX y al gobierno de la CDMX

A todas las Alcaldías de la CDMX

Al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva

A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México

A la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México

A la Coordinación General de Asesores y Asuntos Internacionales de la Ciudad de México

y Al Congreso de la Ciudad de México

A todos los partidos políticos

Con fundamento en las obligaciones constitucionales que tienen de prevenir violaciones al derecho a la vivienda y de garantizar dicho derecho, les exigimos:

Elaborar un Plan Estratégico que contemple y aterrice el derecho a la ciudad reconocido en la Constitución de la CDMX cuyo objetivo sea garantizar el acceso al derecho a la vivienda adecuada y asequible y el derecho a suelo servido y central para la población más vulnerable.
Diseñar y aprobar una Ley Inquilinaria para la Ciudad de México, que equilibre los derechos de las personas arrendatarias y arrendadoras, la cual debe atender mecanismos para garantizar que haya contratos por escrito, que existe un registro público de arrendamientos, que haya límites a los requisitos y garantías exigidos por los caseros, y que se garantice e incentive la permanencia si no hay mora en el pago de las rentas.
Adoptar medidas para prevenir y atender el aumento desproporcionado de los precios de las rentas.
Implementar políticas fiscales que desincentiven la financiarización y especulación con la vivienda, como impuestos fuertes a la vivienda ociosa, sanciones a acaparadores.
Hacer público el acuerdo firmado entre la UNESCO, el Gobierno de la Ciudad de México y Airbnb.
Suspender cualquier avance que se de en el marco del acuerdo con Airbnb hasta que no se acate la sentencia del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México que ordena realizar un diagnóstico sobre la situación de vivienda de la población inquilina, incluyendo en este proceso a la sociedad civil.
Reglamentar Airbnb conforme a las experiencias más exitosas a nivel mundial empezando por establecer límites al número de viviendas que puedan ser ofertadas por esta vía, así como su registro público obligatorio.
Cumplir con el apoyo prometido por el Gobierno de la Ciudad de México para las rentas de los más vulnerables y los hogares que se ven expulsados por la crisis de vivienda en la ciudad.
Prohibir el uso de parapolicías, mal llamados “cargadores”, en las diligencias de desalojos.
Generar un programa de alquiler social gestionado por el Gobierno de la CDMX, y vivienda pública para aumentar la oferta de vivienda social.
Adoptar la legislación necesaria para prohibir los desalojos forzosos, estableciendo obligaciones concretas y lineamientos para las autoridades encargadas de cumplir con ese objetivo.
Regresar el sentido original del artículo 60 de la Ley de Derechos Humanos y sus Garantías de la CDMX, estableciendo un programa para ofrecer vivienda alternativa a las personas vulnerables desalojadas o apoyo al pago de la renta de esta población.
Establecer la legislación necesaria para las cooperativas de vivienda, ofreciendo asesoría legal y técnica gratuita para constituir una, así como subsidios para los gastos notariales que se requieren para su inscripción.
Diseñar políticas de gestión de suelo para la producción de vivienda social en renta y en propiedad en zonas cercanas a servicios, equipamientos e infraestructura adecuada.