Derecho a la Vivienda Adecuada y Desalojos Forzosos

La vivienda es un elemento fundamental para garantizar la dignidad humana. En ella se desarrolla la vida privada de las personas, es lugar de reunión, de convivencia; en ella crece y se desarrolla la familia. Además, satisface necesidades físicas de protección de las inclemencias del tiempo y de seguridad y, en muchas sociedades, funge como centro económico donde se realizan actividades productivas y comerciales fundamentales.

Si bien este derecho está reconocido en diferentes Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos desde la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1945 y en un importante número de Constituciones y leyes nacionales, muchas de las cuales han sido impulsadas por miembros de HIC, y que en la última década muchos países de la región han mejorado sus indicadores económicos y sociales en cuanto a salario y distribución del ingreso y se han movilizado grandes recursos en programas de vivienda social, urbanización o regularización dominial, hasta hoy los esfuerzos han sido insuficientes o no aptos para garantizar el acceso pleno a un hábitat digno en la región. Hay que subrayar que, según datos de los últimos años, el 80% de la población de América Latina y el Caribe vive en ciudades —es decir, 482.5 millones de personas— lo que la hace la región más urbanizada del planeta. En los países de esta región hay una mayor incidencia de zonas marginales que en otros países con niveles de ingresos comparables. Así, de los 180 millones de pobres en la región, 125 millones viven en ciudades y 113.4 millones de personas —es decir, el 23.5% de l@s habitantes de las ciudades— viven en asentamientos informales. La pobreza impacta especialmente en las mujeres (lo que se conoce como “feminización” de la pobreza), ya que según datos del 2010 por cada 100 hombres en indigencia hay 128 mujeres en esta situación y por cada 100 hombres en pobreza hay 118 mujeres.

Aunado a ello, un número muy relevante de personas son desalojadas forzosamente cada día de su vivienda y hábitat tanto en el campo como en la ciudad, lo que implica violación a su derecho a una vivienda adecuada entre muchos otros. Los desalojos están ligados a múltiples causas que con frecuencia se interrelacionan pero se pueden sintetizar en: conflictos étnicos; violencia generalizada; acaparamiento de tierra; catástrofes y efectos del cambio climático; proyectos de desarrollo e infraestructura como, por ejemplo, la construcción de presas u otros proyectos energéticos en gran escala, carreteras, etc.; adquisición de tierras para programas de renovación urbana, rehabilitación de viviendas o embellecimiento de ciudades; especulación (gentrificación); celebración de grandes acontecimientos deportivos tales como los Juegos Olímpicos; razones económicas como las que motivan los desalojos inquilinarios y por falta de pago de hipotecas.

Frente a las violaciones al derecho a una vivienda adecuada los miembros de HIC trabajan para proponer y exigir legislación nacional a internacional así como políticas públicas para enfrentarlas; promover y acompañar proyectos de producción social del hábitat –y en este contexto cooperativas de vivienda- que hagan realidad el derecho a la vivienda de quiénes no tienen otras formas para conseguirla o quieren hacerlo de forma alternativa al mercado inmobiliario; sistematizar, denunciar y prevenir a nivel nacional e internacional los desalojos y desplazamientos forzosos y acompañar las comunidades que los sufren; ofrecer formación en materia de hábitat y derechos humanos incluso en vinculación con universidades públicas y privadas.